Mineras chinas despojando territorios en América.

Inredh, 30 de septiembre del 2015

Minera China Ecuacorriente S.A. con policías y militares despojan a familias de ‪Tundayme en la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundayme, Zamora Chinchipe.

Hoy, 30 septiembre de 2015, desde las 06:00 horas, guardia privada de la empresa minera china Ecuacorriente S.A. acompañados de un operativo de policías y militares, que suman cerca de 60 efectivos, con maquinaria pesada se encuentran desalojando forzosamente a las familias de la comunidad indígena shuar Cascomi, en la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundayme, Zamora Chinchipe.

Supuestamente el desalojo se produce con orden judicial, pero no se les ha informado, manifiesta uno de los afectados:

“Destruyeron nuestras casas, donde vivimos, dejándonos en total desamparo nuestros bienes muebles, animales domésticos, huertos alimenticios y de medicina natural. Estamos preocupados de lo que se nos viene y no tenemos dónde vivir. No sé si esta noche dormiré…Ni sé a dónde me iré”, dice con lágrimas en sus remojados ojos, Geidy Álvarez.

Ella habita en el nuevo San Marcos, lugar que se establecieron como nueva comunidad, ante la destrucción de San Marcos en mayo año del anterior.

Esta es una más de las actuaciones de la empresa en clara violación de derechos humanos, con el apoyo y aquiescencia del Estado. Jamás fueron notificados ni tuvieron el tiempo para ejercer el derecho a la defensa frente a este atropello.

En Chuchumbleza, lugar cercano a la zona de desalojos, no permiten el ingreso a la parroquia Tundayme a ningún particular. Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tundayme, identificado con las comunidades, le detuvieron su vehículo. Mientras que a vista y paciencia de toda la población, a eso de las 9:00 horas, uno a uno de los camiones de la empresa minera transportaba los enseres de los comuneros, que la guardia privada de la empresa sacó de sus viviendas para ser llevados hasta el cantón El Pangui.

Las viviendas de los comuneros LUIS ÁREVALO PACHECO, ÁNGEL POLIVIO ÁREVALO y de los HERMANOS UYAGUARI han sido destruidas, así como el nuevo SAN MARCOS construido por el esfuerzo de los propios comuneros.

Estos desalojos forzosos generan desplazamiento de los miembros de la comunidad de Cascomi. Los desplazamientos de comunidades indígenas se encuentran prohibidos por la Constitución del Ecuador en numeral 11 del artículo 57, que establece: las comunidades tienen derecho “a no ser desplazado de sus tierras ancestrales”.

Las familias afectadas son parte de la lista de los perjudicados por los procesos de servidumbre minera iniciados por la empresa ante la Agencia de Control y Regulación Minera (Arcom – Zamora), en contra de las familias comuneras de la zona para dar inicio a los trabajos para la extracción de cobre por parte de la empresa Ecuacorrientes. Esta explotación se dará bajo la modalidad de minería a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor, zona ecológicamente muy sensible y que se encuentra en territorio de comunidades shuar y mestizas.

Además, las servidumbres concluidas que afectan al territorio de Cascomi son inconstitucionales porque no se llevó a cabo ningún proceso de consulta previa, libre e informada a la comunidad hasta la presente. Por lo tanto, los desalojos producto de esas servidumbres también son inconstitucionales, contrarios a sus los derechos colectivos.

Los daños ambientales ya se evidencian a simple vista desde hace cuatro meses atrás, fruto de los trabajos de infraestructura de la empresa, cuando se registraron inundaciones, turbidez del agua, excavaciones en las fincas de la zona, esté o no afectado por la servidumbre minera. Por otra parte, el desalojo, con un considerable contingente de policías, afecta a la vida y tranquilidad de la comunidad, debido a que se ven impotentes y angustiados al ver como sus viviendas son desarmadas en poco tiempo por grandes maquinas.

Cascomi responsabiliza al gobierno y al Estado ecuatoriano por todos los daños ambientales y sociales causados en el territorio y serán responsables directos por daños a la integridad física de los comuneros que están defendiendo su tierra al impedir que personas de la minera continúen ingresando a causar más daños en los terrenos de dicha comunidad.