“Las concesiones mineras se otorgan sin ninguna consideración”

Publicado por NOTICIAS SER
Por: 
Omar Rosel

La ocupación planificada del territorio es una práctica poco institucionalizada en nuestro Estado. Ella está provocando el incremento de los conflictos sociales e impidiendo el desarrollo armónico del país. Pese a la evidente y urgente necesidad de impulsar un ordenamiento territorial, hay sectores que buscan bloquear el proceso que hacia él conduce. Tal es la visión de Álvaro Campana Ocampo, coordinador de la Plataforma Nacional de Ordenamiento Territorial.

¿Por qué es importante el ordenamiento territorial?

En realidad, si queremos lograr un desarrollo armónico y sostenible del país, necesitamos planificar nuestra intervención en el mismo. Necesitamos adoptar estrategias que nos permitan hacer un uso y una ocupación racional del territorio. Por eso es importante.

¿Qué está sucediendo, ante la ausencia de un proceso de ordenamiento territorial en el país?

Hay una serie de problemas que surgen cuando no hay un ordenamiento territorial. Por ejemplo, tenemos ciudades y aglomeraciones urbanas que no corresponden con los recursos que se requieren para sostenerlas. No se puede responder con los servicios que requiere para que la gente viva bien. Asimismo, hay desequilibrios territoriales, que implican que unas a poblaciones les vaya mejor y a otras no. Hay problemas de contaminación ambiental. Otro caso es el de los riesgos y desastres, porque se construye casas en zonas que sabemos que se van a inundar. Por ello necesitamos ordenar el territorio.

¿Hay una relación entre el incremento de conflictos sociales y la carencia del ordenamiento territorial?

Claro, porque al no haber una planificación y realizarse una ocupación aleatoria y desordenada del territorio, hay una superposición de usos del mismo. De igual manera, al responder ese uso del territorio prioritariamente a un tipo de dinámica económico-productiva, que responde a un modelo de desarrollo determinado, inevitablemente se van a genera conflictos, porque la presencia de determinadas actividades puede terminar chocando con otras, porque en los territorios hay intereses distintos y diversos. Para poder armonizar esos distintos intereses, necesitamos planificar, y tenemos que hacerlo de forma participativa. Por ello, el Ordenamiento Territorial es un proceso e instrumento de la gobernanza democrática del territorio, porque permite que los distintos actores estratégicos puedan conversar sobre el desarrollo deseable del mismo, y conseguir una visión común, tratando de armonizar sus distintos usos.

¿En base a qué instrumentos de planificación se viene ocupando el territorio o decidiendo sus usos?

Tenemos una serie de herramientas en el país, que no sabemos si se usan o si tienen una operatividad real y, por otro lado, no necesariamente se articulan entre sí. Por ejemplo, tenemos un ordenamiento minero, forestal, planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano y una serie de intervenciones que no necesariamente dialogan entre sí y no responden a las necesidades, potencialidades y limitaciones del territorio vistas de manera integral. Ese es el problema.

Y eso es lo que sucede con el tema de concesiones mineras…

En el Perú, las concesiones mineras se otorgan sin ninguna consideración, porque no se toma en cuenta si en la zona que se pretende concesionar hay una comunidad o si es cabecera de cuenca. No hay ninguna consideración y se otorgan, y eso de por sí genera situaciones de conflicto. Entonces, hay una intervención del territorio que no responde a una visión integral del mismo, que no contempla sus limitaciones, potencialidades y necesidades.

¿Se ha bloqueado la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial?

Ocurre que en nuestro país hay quienes consideran que planificar es una mala palabra o que las dinámicas territoriales deberían ser definidas por las grandes inversiones, y que estas también deberían ordenar las otras dimensiones de la vida de las personas. Se cree que las grandes inversiones van a resolver todos los problemas del país, lo que significa que las instancias estatales están cediendo su rol a la actividad privada, cuando el Estado no solo debería ser promotor de inversiones, sino también planificador y regulador.

¿Quién debería liderar la exigencia de continuar con el proceso de ordenamiento territorial?

La revolución ciudadana es la que exige que haya cambios en el país y que el Estado cumpla un rol distinto. Creo que en las regiones se ha generado una masa crítica que viene de la sociedad civil y de los funcionarios que han estado encargados de este proceso. Ellos entienden la importancia de la descentralización y del ordenamiento territorial para la democracia y para el desarrollo del territorio, porque este proceso debería servirnos para poder aterrizar las políticas sectoriales y de desarrollo considerando la dimensión territorial. En las regiones, hay actores que podrían impulsar el ordenamiento territorial. Ahora todos los políticos hablan del tema, como lo hizo Ollanta Humala cuando inicio su mandato, pero no tenemos muchos avances.

Sabemos que el proceso de OT es técnico y a la vez participativo, pero ¿por qué este asunto no está en la agenda de la ciudadanía? 

Porque, a simple vista, el ordenamiento territorial parece ser un asunto muy abstracto, como lo es también la planificación. Entonces, la ciudadanía no entiende para qué sirve o en qué va a mejorar la vida. Por otro lado, se le ha dado un sesgo muy técnico al proceso, lo que es necesario, pero es también es un proceso político que involucra a la población desde los estudios de Zonificación Ecológica y Económica, en los que deberían ser consideradas las dinámicas territoriales que tienen las comunidades, sus saberes, hasta las orientaciones para usar y ocupar el territorio, que tienen que ver con negociaciones de intereses y el tipo de desarrollo que anhelamos. Creo que esa dimensión se ha obviado.

¿Cree que el Ordenamiento Territorial será parte del debate electoral?

Sería lo deseable y debemos hacer un esfuerzo desde la sociedad civil y también desde el propio Estado para que así sea. Debemos promover que el tema sea parte de la agenda y del debate electoral. Y se debe poner sobre la mesa de la existencia de una política, conocer las limitaciones y los avances, así como reconocer la utilidad que se le puede dar a las ZEE y a lo que podrían implicar los planes de ordenamiento territorial.