Según el Diario Gestión del 14 de septiembre del 2014 las consesiones mineras en el Perú ocupan la quinta parte del territorio nacional, actividad que desplaza a otras actividades importantes y que ocupan gran parte de la mano de obra de la población económicamente activa, como es la agricultura y ganadería, además de consumir la actividad minera grandes cantidades del recurso suelo, agua y energía. A continuación la nota del Diario Gestión.
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Las concesiones mineras ocupan la quinta parte del territorio del Perú cuando hace doce años la proporción correspondía sólo al 6%, según el estudio “Concesiones mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política” realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana.
Al respecto, Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de dicha organización, explicó que Arequipa, Puno, Áncash y Lima son las regiones con mayor proporción de su territorio ocupado por derechos mineros.
“Hay departamentos como Arequipa y Moquegua que tienen más de la mitad de su territorio concesionado. Cuando uno desciende a las provincias, hay hasta el 90% (de su territorio) concesionado, lo que es contraproducente, ya que no pueden haber territorios como en la provincia de Chumbivilca (Cusco), donde el 80% esta concesionado”, advirtió.
Señaló que esta situación refleja que la única actividad productiva para esas zonas es la minería, provocando así que la población exprese su malestar, preocupación y desconfianza, lo que puede generar acciones como la toma de carreteras o de rehenes, comenzando a surgir situaciones de conflictividad.
Ante ello, Baca opinó que debe haber una pausa en el proceso para otorgar concesiones mineras, tras haber transcurrido 20 años desde su implementación, a fin de mejorarlo e evitar los conflictos sociales.
También consideró indispensable mejorar la participación ciudadana y el acceso a la información.
“El mecanismo actual lo único que exige al demandante (de la concesión) es que ésta se publique en el diario de circulación nacional o en el diario del departamento; como comprenderán esa información no llega a las comunidades campesinas”, afirmó en el programa “Agenda Ambiental”.
Por ello, recomendó al Estado hacer un mayor esfuerzo para que las comunidades, cuyo territorio se está demandando para una concesión, sean informadas adecuadamente. “Hay que hacerle llegar la información para lo cual se tendrían que implementar sistemas mucho más amigables en idioma quechua, aymara y en todas las lenguas que existen en el país”.
Otro cambio a realizar, según el experto, es aumentar las causales de caducidad de las concesiones mineras, ya que el sistema es demasiado permisivo y flexible.
Asimismo, indicó que de acuerdo a las estadísticas, de las 25 millones de hectáreas concesionadas, sólo se utilizan entre el 5% y 6% en exploración y explotación minera, pero en el resto no hay actividad.
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