Siete personas murieron por causa de este conflicto, que se inició en el 2004
La desaparición de los cuatro trabajadores de la minera Río Blanco Copper S.A. [tres aún no aparecen] ha reactivado el tenso escenario entre la compañía y las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), en Piura, conflicto que alcanzó su punto máximo en el 2005 con la tortura de 28 campesinos y la muerte de uno de ellos. Los actos de violencia se desencadenaban a raíz de la oposición de ambas localidades a que el proyecto se desarrollara en sus tierras.
La desazón de los opositores se hace evidente en la opinión de Magdiel Carrión, ex presidente de la comunidad campesina de Yanta y líder en este sector. Él asegura que las labores que realizaban los trabajadores de Río Blanco solo refuerzan sus sospechas de que la empresa quiere “meterse a la fuerza” a sus tierras.
“Esto [la desaparición de los trabajadores] empeora el conflicto porque ahora pensaremos que cualquier persona es un infiltrado de la mina”, dijo.
La vocera de la empresa, Carla Díaz, negó que los trabajadores desaparecidos estuvieran haciendo exploración e insistió en que solo hacían labores topográficas para actualizar el plano de su concesión. “No iniciaremos operaciones hasta que no obtengamos la licencia social”, comentó.
Díaz añadió que desde el 2004, año en que hubo un cambio de directivos en la empresa, han buscado restablecer las buenas relaciones con las comunidades campesinas.
ANTECEDENTES
Según datos de la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre comuneros y la policía por este proyecto minero han dejado hasta el momento siete muertos y decenas de heridos.
Entre el 1 y el 3 de agosto del 2005, en total 29 campesinos fueron secuestrados y torturados por policías y miembros de seguridad particular contratados por la empresa. Alentados por el temor de que se contaminaran sus tierras, la comunidad marchó hacia el campamento de la minera Majaz –razón social que por entonces tenía la empresa– para exigirle que se retirase por no contar con la licencia de la población.
Diario El Comercio
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