Elízabeth Prado, La República
Apelando al derecho a la información contemplado en la legislación estadounidense, Elmer Campos Álvarez presentó una demanda ante la Corte Federal de ese país para que la compañía minera Newmont entregue videos, fotografías, informes del personal de seguridad de Yanacocha, registro de comunicaciones con la Policía, además de mensajes internos que sirvan para esclarecer lo ocurrido el 29 de noviembre del 2011 cuando personal policial empleó la violencia para controlar una protesta contra el proyecto minero Conga.
Durante el enfrentamiento, Campos Álvarez fue impactado por un proyectil lo cual le produjo una paraplejia.
En el pedido a la Corte Federal, Elmer Campos fue representado por la ONG ambientalista y de derechos humanos Earth Rights International (ERI), la que inició la acción legal bajo el Estatuto 28 USC 1782, ley norteamericana que permite a las partes de un proceso judicial en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.
Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que aboga por Campos Álvarez como parte civil agraviada, refirió que la información que pretenden obtener con esta acción judicial será de ayuda para las autoridades judiciales peruanas que investigan los violentos sucesos de aquel día en las alturas de Cajamarca.
En la refriega, el comunero cajamarquino fue impactado en la espalda por dos disparos de bala. Las lesiones no solo le produjeron la pérdida de uno de sus riñones y el bazo, sino que el campesino de 32 años también sufrió la paralización de sus extremidades inferiores. Desde entonces, Elmer Campos se moviliza con la ayuda de una silla de ruedas.
Contrato con la PNP
Según señala Earth Rights International, la minera Yanacocha, promotora del proyecto cuprífero Conga, firmó contrato con la Policía Nacional para que esta le brinde servicios de seguridad.
Los policías implicados en la represión de la protesta, anota ERI, manifestaron ante los fiscales que ellos cumplían con dar seguridad a la minera.
"El problema se agrava en casos donde agentes de la Policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción judicial contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú", señaló Benjamin Hoffman, abogado de la ONG ERI.
Respecto a la demanda de Campos ante la Corte Federal, voceros de la minera Yanacocha evitaron por el momento emitir pronunciamiento.
La clave
El 16 de diciembre del 2013 la Tercera Fiscalía Superior de Cajamarca dispuso la formalización y continuación de la investigación contra el Crnl. PNP Amador Bacalla y el Cap. PNP Wagner Ocampo por presunto delito de abuso de autoridad en agravio de Elmer Campos y otras siete personas.
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