Cajamarca, el lunes 21 de agosto 2017.
Redactado por: Mirtha Vásquez
En los últimos años el país ha vivido un ambiente de permanente convulsión social traducido, no solo en conflictos desarrollados a nivel territorial y demandas localizadas, sino en protestas, marchas, paros, huelgas producto de las demandas reivindicativas que provienen de diferentes sectores.
El gobierno normalmente tiende a atribuir estas situaciones a la falta de entendimiento de ciertos sectores sociales, a la presencia de grupos radicales e incluso al intento de rearticulación de los grupos terroristas; y si bien factores de esta naturaleza siempre tienen la posibilidad de actuar en estos escenarios, objetivamente hablando, no son causa y ni siquiera actúan como detonante de estos procesos. Tal vez por ello, debido a este sesgado análisis que maneja el gobierno, el manejo de cada uno de estos conflictos parece siempre fracasar, traer costos innecesarios o en varias ocasiones complejiza el asunto lejos de solucionarlo.
Un elemento fundamental que se tiende a ignorar, es el manejo de estas situaciones con la intervención de aquellos actores más próximos y cercanos a la problemática. Estamos pensando sobre todo en los conflictos que surgen a nivel de espacios territoriales, en los cuales paradójicamente actores como los gobiernos sub nacionales, cercanos y conocedores no solo del proceso de gesta y desarrollo del conflicto y sus particularidades, no pueden intervenir directa y autónomamente para resolverlos.
Un ejemplo clásico son los conflictos de carácter socio ambiental, que estando focalizados en un espacio local, colocan al margen a estos gobiernos, para dar paso a la actuación del nivel central, que interviene para determinar los mecanismos de “solución”. La gran justificación es que las atribuciones y competencias en materias de inversión, son propias del gobierno central, y ello provoca el desplazamiento de la mirada territorial.
Ahora pensemos en otro tipo de conflicto, como el que se viene suscitando con el magisterio. Esta huelga, que desde ya es atípica en su desarrollo, se gesta como un conflicto focalizado en espacios regionales como Cusco y otros del sur, y tenía escasas posibilidades -por factores conocidos- de extenderse o incluso de constituirse como una demanda de todo el sector magisterial. ¿Por qué no hubo la capacidad de resolverlo en esos niveles, máxime si los gobiernos regionales en este caso, conforme a la Ley de Descentralización, tienen competencias y atribuciones en el tema educativo desde el 2003?
La respuesta vuelve a pasar como en el tema ambiental, por el asunto de las atribuciones y competencias, que en el marco de una descentralización inacabada, incluso en retroceso, no permite que en estos espacios que se genera un conflicto, exista autonomía que permita resolverlos.
En materia educativa por ejemplo, el gobierno central por intermedio del MINEDU sigue definiendo políticas en cuanto a la contratación de docentes, el diseño de la carrera magisterial, los programas educativos del sector, y por supuesto definiendo también los presupuestos. Mientras que los gobiernos regionales a través de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación (DRE), se les asigna solo las funciones ejecutoras, fiscalizadoras y sancionadoras. Por ello, no es extraño que en este contexto, aunque los gobiernos regionales están impedidos de promover soluciones autónomas, sí les toca intervenir para sancionar a los maestros en huelga, cosa que además exacerbaría el conflicto.
Sí, de acuerdo en que este conflicto magisterial, se complejizó porque también abonaron otros factores, incluyendo la torpeza del gobierno central para su tratamiento, pero cuánto hubiese ayudado la descentralización y la autonomía de los gobiernos regionales en esta situación y conflictos similares.
Hasta cuándo seguiremos pretendiendo que un gobierno centralizado, con múltiples dificultades incluso de legitimidad, ahora marcado por un desequilibrio de poder, pretenda determinar e intervenir en cada espacio, ignorando a los actores más próximos y negándoles autonomía incluso para ayudarlos a resolver estos conflictos.
Indudablemente, la descentralización como proceso, es un tema fundamental a volver a mirar de cara a la gobernabilidad del Estado, a lo que este caos está absolutamente opuesto.
Fuente: Noticias SER
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