Conflictos mineros en América del Sur: una mirada a cuatro casos emblemáticos

Un grupo de especialistas analiza los principales conflictos ambientales que se han producido en Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Publicado por Mongabay

“La economía de América Latina depende de las regalías que originan las industrias extractivas, especialmente de la minería. Por eso se siguen impulsando más, pese a todos los conflictos socioambientales que se están dando”, dijo José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y subdirector de la ONG Cooperacción en el marco de la sesión pública de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) que se llevó a cabo en Lima el pasado mes de octubre.

De acuerdo a un estudio de febrero del presente año de la RLIE, titulado “América Latina al final del superciclo”, entre 2003 y 2008 se dio una crecida de los precios en los recursos extraídos por la minería. Entre las causas de esta subida, conocida como “el superciclo de precios”, están el dinamismo del comercio mundial, la abundante liquidez en los mercados financieros internacionales, el crecimiento de la inversión privada y los altos precios de los recursos naturales, se detalla.

“Pero este superciclo se terminó con la crisis del 2009 en EE.UU. y los precios se cayeron considerablemente, así como el producto bruto interno de varios países de América Latina que dependen de la industria extractiva. Sin embargo, pese a la caída de precios se están promoviendo más proyectos extractivos, más que todo mineros, porque se piensa que mientras más haya, sus regalías podrán superar la caída de precios, sin pensar en todos los conflictos ambientales que se están produciendo al entregarles flexibilidad en el control ambiental a estos proyectos”, explica De Echave.

A continuación repasamos algunos de los conflictos socioambientales relacionados a la minería que se han producido en Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Colombia: Eco Oro

En Colombia existen 52 conflictos socioambientales relacionados con la minería, de acuerdo al Mapa de Justicia Ambiental con información actualizada hasta el presente año. Uno de los conflictos más complicados hasta el momento es el de la minera Eco Oro y su impacto ambiental en el Páramo de Santurbán en la ciudad de Bucaramanga, de acuerdo a Carla García Zendejas, directora del programa de Población, Territorio y Recursos del Centro Internacional de Leyes Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). La población denuncia la contaminación del agua por parte de la minera canadiense Eco Oro con su proyecto Angostura, según información proporcionada por Alix Mancilla Moreno, representante del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.

La mina se encuentra actualmente paralizada porque la Corte Constitucional de Colombia prohibió el 8 de febrero del presente año cualquier tipo de actividad minera en los páramos. La minera se defiende con el argumento de que el inicio de su actividad en el área fue en 1994 y la designación como páramo recién se ha dado hace dos años, por eso la orden de la corte no tiene efecto, según la información proporcionado por Mancilla Moreno.

“Como un plan B la minera podría demandar al Gobierno colombiano frente a un tribunal de arbitraje internacional y la demanda sería por las reparaciones económicas equivalentes a 300 millones de dólares”, señala Mancilla a Mongabay Latam.

Por su parte, Carla García señala que el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán ha visitado Washington, donde tiene sede CIEL, para exigir a la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), brazo financiero del Banco Mundial, que deje de invertir en el proyecto de la mina Eco Oro. “Recientemente estuvieron en Washington representantes del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán para reunirse con agencias del Gobierno estadounidense, del Banco Mundial y de la embajada colombiana, entre otras instituciones, sobre este caso. Nosotros desde Washington acompañamos y apoyamos la lucha frente al Banco Mundial, que es accionista de la empresa. También estaremos apoyando sobre el tema del arbitraje de la empresa contra el Estado colombiano”, indica.

Ecuador: Caso Tundayme

En Ecuador, de acuerdo al Mapa de Justicia Ambiental con información actualizada al presente año, existen 11 conflictos socioambientales mineros. Según Pablo Iturralde, coordinador general del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES), “el caso emblemático minero es en la localidad Tundayme con el proyecto Mirador, donde una minera china de gran escala entró a territorio indígena Shuar”, dice a Mongabay Latam.

De acuerdo a la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), en 2015 se desalojó de manera forzosa a 13 familias indígenas para luego destruir sus casas. “Este desalojo fue protagonizado por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.”, se indica en la información de la FIDH.

La Federación Internacional de Derechos Humanos señala que no se hizo el proceso de consulta previa a la población indígena en el momento del ingreso de la minera. Además, dice que se debe cesar la persecución a las organizaciones y personas críticas a proyectos mineros. Por otro lado, sostiene que debe iniciar el debido proceso judicial por la muerte de un líder indígena. “[Se debe] respetar el debido proceso en la investigación por la muerte del dirigente indígena de Tundayme José Tendetza”, se señala.

De acuerdo a información de la FIDH, hasta el momento el proyecto Mirador en Tundayme continúa su curso en la fase de exploración, y las familias siguen sin recobrar sus hogares en Tundayme.

Chile: Caso Codelco

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) chileno existen 102 conflictos socioambientales en el país, de los cuales 12 están relacionados con la minería, según información al 2016. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram, explica que un caso representativo es el de la minera estatal de cobre Codelco, ubicada en la ciudad de Valparaíso. “En el caso de Codelco Valparaíso, se trata de dos comunas-distritos, Puchuncaví y Quintero, que conforman la bahía de Quintero, en la que desde 1960 se han emplazado una serie de industrias contaminantes, entre las cuales hay varias termoeléctricas y una fundición de cobre de propiedad de la estatal Codelco. En la bahía de Quintero la contaminación tiene larga data y existen casos bastante dramáticos”, dice Liberona a Mongabay Latam.

Además de la contaminación, también está el problema de la falta de un Estado que haya velado por la salud de la población hasta la actualidad, de acuerdo a Liberona. “La contaminación tiene larga data y diversos orígenes. Lo cierto es que en más de 40 años la autoridad sanitaria, y luego sanitaria y ambiental, no han hecho nada por remediar la situación. Son muchos los problemas que debe enfrentar la población. ¿Tuvo solución? Obviamente no. Lo que hubo en el año 1992 fue un plan de descontaminación que no logró paliar o disminuir la contaminación local. Es más, en los años siguientes el Gobierno continuó aprobando la instalación de industrias contaminantes en este ‘polo de desarrollo’”, señala la especialista.

Hasta el momento el Gobierno no ha implementado un plan especial de tratamiento para las víctimas por contaminación minera ni tampoco ha sancionado a las empresas que lo han originado, de acuerdo a información compartida por Flavia Liberona de la Fundación Terram.

Perú: Las Bambas

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta setiembre del presente año, hay 91 conflictos socioambientales por minería, de los 145 que existen en total. Uno de los casos más sonados fue el del proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región andina de Apurímac, a manos de la actual empresa MMG Limited. El conflicto se produjo debido a modificaciones del Estudio de Impacto Ambienta (EIA) original sin haberse consultado a los pobladores locales. En setiembre del 2015 murieron cuatro personas en un enfrentamiento contra la policía. En octubre del presente año hubo una víctima más.

“En 2004 el proyecto Las Bambas pertenecía a la empresa Xstrata Cooper, pero en 2013 esta es comprada por Glencore, quien como nuevo propietario decide deshacerse del proyecto original de Las Bambas. Inicialmente el proyecto minero consistía en un corredor minero que unía a Las Bambas con otros proyectos mineros de la misma compañía como Espinar, Tintaya, Altapacay. Todos estaban unidos por un mineroducto con una planta de tratamiento del mineral del cobre en Espinar. Sin embargo, en 2014 Glencore antes de que venda la empresa a los chinos (con la empresa MMG, con sede en Australia) hace algunas modificaciones a su Estudio Impacto Ambiental. Por ejemplo, se eliminó el mineroducto, también desapareció la planta de tratamiento en Espinar porque Las Bambas iba a tener su propia planta de tratamiento”, explica a Mongabay Latam Miguel Lévano, Oficial en Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam Perú.

Es así como se dio la modificación del EIA original que había sido aprobado por el Gobierno y por las comunidades que pertenecían a las tres provincias de la zona de influencia de la mina en Apurímac: Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas.

“Lo que reclama la población es que esta modificación al proyecto inicial no se hizo con la debida consulta previa, se hizo sin información ni participación ciudadana. Gran parte de las modificaciones se hicieron gracias al Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que fue aprobado durante el Gobierno pasado de [Ollanta] Humala como parte de las medidas conocidas como los ‘paquetazos ambientales’ para facilitar las inversiones. El ITS permite que las modificaciones a un EIA se den sin informar ni consultar a la gente, es solo un trámite administrativo que dura 15 días”, manifiesta Lévano.

Lévano de Oxfam también señala que la modificación al EIA del proyecto Las Bambas también ha perjudicado a la comunidades campesinas. “Justo con la modificación del EIA el área de influencia se modifica y no llega a las mismas comunidades con las que se habían logrado acuerdos. Otras comunidades también reclaman que antes de que llegara la empresa hubo un negocio con los terrenos cedidos a la empresa, el criterio de pago fue diferenciado. Por ejemplo, para que se entienda, a unas les pagaron por 10 y a otras por 100. Y eso lo consideran injusto”.

Hace unos días el vicepresidente y Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, visitó el lugar y planteó 45 días de tregua para presentar un plan de trabajo. “La población está a la expectativa. La próxima semana (a partir del lunes 21 de noviembre), se comunicará en qué consiste este plan”, señala Lévano.