LAS BAMBAS: LA VÍA RÁPIDA ESTÁ SALPICADA DE SANGRE

La espera duró más de cuarenta horas. Recién ayer domingo al mediodía, los fiscales de Abancay lograron recoger el cadáver del comunero Quintino Cereceda Huisa, el primer muerto en un conflicto minero en los dos meses y medio de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Quintino murió herido por una bala en la frente a los 42 años de edad, la tarde del viernes 14 de octubre durante un enfrentamiento entre pobladores y la policía en Tambobamba (Apurímac) por el proyecto cuprífero Las Bambas, el proyecto más importante del Perú por su inversión de más de 10 mil millones de dólares.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, reconoció anoche el disparo que acabó con la vida del comunero y aseguró que ha dispuesto que los 150 efectivos que participaron en el enfrentamiento pasen por la prueba de absorción atómica y se realice el peritaje de las armas para determinar quién fue el policía que disparó. Basombrío también reconoció irregularidades en la intervención policial y aseguró que hay oficiales que “habrían cometido faltas muy graves” que ameritan que sean sancionados con “la baja de la institución”. Pero Quintino ha muerto y este hecho trágico confirma la historia repetida del alto costo social de ejecutar proyectos de la gran minería a espaldas de la gente.

En setiembre de 2015, con el gobierno de Ollanta Humala, se registraron por este mismo conflicto 3 muertos y 29 heridos. La herida siguió abierta. Y hoy murió otro comunero. La cronología de los hechos y los reclamos postergados de los pobladores pueden ayudar a comprender que este nuevo episodio de Las Bambas revela la incapacidad e indiferencia de las autoridades en impulsar proyectos de inversión que tomen en cuenta los derechos de los pobladores afectados en un contexto complejo de expectativas y desconfianza.

Pobladores de Tamobamba (Apurímac) hicieron un recorrido con el ataúd del comunero baleado Quintino Cereceda Huisa. Foto: Henry Vásquez.

Lo primero: Las Bambas no es un proyecto minero rodeado de gente que se opone a la extracción de los minerales. Lo que piden es un trato justo y que sean tomados en cuenta en las decisiones sobre el manejo de su territorio y en la compensación económica por la explotación de más de 400 mil toneladas de concentrado de cobre que se proyecta extraer cada año.

La convivencia armoniosa entre la población y el proyecto minero Las Bambas se quebró principalmente por las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental que se hicieron a puertas cerradas en los últimos años mientras la operación estuvo en manos de diversas compañías. Hoy el proyecto minero está a cargo de MMG Limited, que tiene como principal accionista a la estatal China Minmetals Corporation (ver gráfico).

Desde que en marzo de 2011 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, se hicieron cinco modificaciones, de los cuales el más polémico es el que se aprobó en agosto de 2013 mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) porque permitió que los minerales ya no se transporten por un mineroducto, una especie de enorme tubo que protegía el traslado de los metales, sino por camiones que desde enero de 2016 en que empezó a explotarse el cobre, levantan una gran polvareda que agita el reclamo de los comuneros. En esos días la operadora que estaba a cargo era la suiza Glencore-Xstrata. Y los pobladores no solo reclamaron por la contaminación que genera el polvo sino porque no les consultaron sobre esta modificación aprobada por el gobierno.

Con la desaparición del mineroducto se sepultaron las expectativas de los habitantes de 20 comunidades y cuatro centros urbanos que veían la posibilidad de alquilar o vender sus tierras en el área de influencia directa de este sistema de transporte de cobre que figuraba en el Estudio de Impacto Ambiental inicial, de acuerdo con la revisión del expediente completo del proyecto que realizó Convoca.pe con la ayuda de ingenieros ambientales como revelamos en un especial en agosto último (ver aquí).

“Todos soñábamos con ser parte, trabajar. Pero a nosotros nos aplastan como hormigas”, aseguró Daniel Olivera de la comunidad Ccayao, ubicada en el área de influencia directa del mineroducto, cuando recorrimos la zona en abril último. Las recientes protestas en el distrito de Tambobamba son precisamente por la vía polvorienta por donde se transportan los minerales en camiones y la exigencia de una compensación económica, como informó Timoteo Noa, el alcalde del centro poblado menor que fue el epicentro de la tragedia del viernes último. Para estos pobladores, la carretera representa un impacto directo en sus vidas aunque la empresa asegure que utiliza “contenedores sellados” y previo al tránsito de los vehículos sus trabajadores riegan el camino.

El caso de esta vía fue expuesto en las reuniones de la mesa de trabajo que se vienen realizando por este conflicto, en las que participan autoridades de las tres instancias de gobierno, representantes de la empresa, de la sociedad civil y de la población. En esta instancia, las autoridades del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski han informado que la compañía minera se ha comprometido a asfaltar unos 20 kilómetros y que se verá la manera de que el gobierno se haga cargo del resto de la vía. Sin embargo, lo que no quedó claro fue la compensación económica a los poblados aledaños que, según refieren diversas fuentes consultadas, fue negociándose de manera paralela entre la compañía y algunos pobladores en medio de tensiones. En ese proceso, estalló la violencia el último viernes. La suspensión del mineroducto aniquiló expectativas y levantó más polvareda en el terreno de las demandas insatisfechas.

El tema ambiental atraviesa el corazón de este conflicto. Los ingenieros ambientales que revisaron el expediente de mil 500 folios a pedido de Convoca.pe, concluyeron que por lo menos seis componentes del proyecto que fueron reubicados o ampliados con la aprobación del primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del 26 de agosto de 2013, “no debieron ser modificados mediante este documento simple porque eran importantes para el proceso de producción minera y requerían otros estudios para medir el potencial impacto ambiental”.

Para estos expertos, se distorsionó el uso de los ITS, establecidos mediante el decreto supremo 054-2013-PCM en mayo de 2013 como parte de las medidas para promover la inversión privada y para que las empresas puedan modificar y ampliar sus proyectos con el propósito de “hacer mejoras tecnológicas en las operaciones”. La norma no establece que deban hacerse cambios medulares del Estudio de Impacto Ambiental como finalmente sucedió en el caso de Las Bambas.

Además de suspender la construcción del mineroducto, en la lista de observaciones destaca el traslado de la planta de filtración, de la zona de Espinar (Cusco) a la provincia de Cotabambas (Apurímac). Esta planta cumple una función principal porque permite la separación del molibdeno y el cobre, y está constituido por cada una de las plantas de estos minerales, una planta de espesamiento y un almacén de concentrados. Sin embargo, en la solicitud de aprobación del ITS no se incorporó un plan de manejo ambiental de concentrados en su nueva ubicación que, de acuerdo con los ingenieros ambientales, era necesario volver a elaborar debido a las modificaciones.

Pobladora del caserío de Taquiruta. Foto: Julio Angulo - Diario La República.

Mediante correo electrónico, el Ministerio de Energía y Minas respondió en julio último que esta reubicación “de la planta de molibdeno, así como el área de filtro y el almacén de concentrados”, calificaban para un ITS porque mantiene el plan de manejo aprobado para dicha planta, además se redujo el área de influencia del proyecto y se aprobó recircular el agua del proceso minero, “convirtiéndose esto último en una mejora” (Ver respuestas del Minem aquí).

Sin embargo, los ingenieros ambientales consultados aseguraron que “para el manejo y mitigación del impacto de nuevas áreas a disturbar se requerirá agua así como para el manejo del concentrado de molibdeno y cobre”. Para estos nuevos cambios, debió pedirse opinión a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), explicaron.

La empresa respondió para el especial de agosto sobre Las Bambas que publicó Convoca.pe, que “previo a la elaboración de cada ITS, se procedió a identificar y evaluar los impactos que se generarían en cada caso” y que se demostró que no existían riesgos. Además, que obtuvo “todos los consentimientos gubernamentales necesarios para la ejecución de las operaciones”. Y que, por lo tanto, han cumplido con el ordenamiento legal. En la misma línea, el Ministerio de Energía y Minas respondió que “la norma no establece la exigencia de mecanismos de participación ciudadana” pero que sin embargo pone “a disposición del público en general estos ITS en su página web”. Pero como vemos, el problema no es que incurran en acciones ilegales, sino la manera en que revisten de legalidad las decisiones del gobierno para promover la inversión sin tomar en cuenta la realidad en el terreno. A más de 3 mil metros sobre el nivel del mar en la región Apurímac la realidad es otra: hay familias quechuahablantes sin acceso a Internet que rodean el proyecto minero y que no pueden acceder al expediente de Las Bambas para conocer de qué manera estas modificaciones afectarán o no sus vidas. Ante esta respuesta del Estado, lo que se instala es el descontento, la impotencia y ahora el duelo.

En setiembre del año pasado cuando se registraron 3 muertos por este conflicto, el gobierno de Ollanta Humala anunció la instalación de la mesa de trabajo con cuatro temas: derechos humanos, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible mediante proyectos de inversión a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, recién cinco meses después se instaló esta instancia para hacer frente al problema y un año después, en setiembre último, se aprobó su reglamento.

Las negociaciones, además, han girado en medio de la puerta giratoria. Aquí un caso representantivo: durante los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García, Valery Niño de Guzmán Paredes fue comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que está a cargo de “gestionar las diferencias, controversias y conflictos sociales en el país”, entre los cuales figura el caso de Las Bambas. Sin embargo, luego de actuar en nombre del Estado, Niño de Guzmán pasó a representar al proyecto minero de MMG Limited como como aparece en el registro de visitas del Ministerio de Energía y Minas. El especialista tuvo tres reuniones de trabajo en nombre de la compañía minera: el 9 y 19 de febrero, y el 17 de junio de este año. Todas las reuniones fueron con Wuido Brucce Chávez Falcón de la Oficina General de Gestión Social del Minem.

En la segunda reunión, la del 19 de febrero, estuvo presente Marc Emmanuel Fraillón, también de Las Bambas y en la última, del 17 de junio, participó Giovanna Huaney Huarcayo, la ingeniera geógrafa de Las Bambas que elaboró el cuestionado ITS de 2013.

Los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas han alertado en reiteradas ocasiones al gobierno de Kuczynski de los reclamos de la población. Una vez más, el conflicto social estalló y el costo es la vida de una persona. ¿Cuánta gente debe morir para que las autoridades entiendan que impulsar un proyecto minero no significa ignorar el derecho de los ciudadanos de saber lo que sucederá en el territorio donde viven e involucrarlos en estas decisiones? Hasta ahora las autoridades han apostado por una supuesta vía rápida para acelerar las inversiones, que en el fondo es un camino largo y doloroso. Hoy lo volvemos a comprobar con creces.

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Foto portada: Los pobladores esperaron durante más de 40 horas el recojo del cadáver del comunero baleado en el enfrentamiento del último viernes. Crédito: La República.

*Milagros Salazar es directora de Convoca, periodista especializada en el análisis de bases de datos, docente universitaria, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del Investigative Reporters and Editors (IRE). Se ha especializado en investigar los vínculos del poder corporativo y las altas esferas del poder político peruano. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, con estudios en gobernabilidad, pueblos indígenas, medios de comunicación y democracia en programas de la Universidad George Washington, la PUCP y PNUD.