EL Oro no Brilla para Todos. Mirtha Vásquez Chuquilín. GRUFIDES, APA 2016

Autora: Mirtha Vásquez Chuquilín

Datos de publicación: GRUFIDES, APA, Agosto 2016

Resumen: Perú es uno de los países de América Latina que en los últimos años han fomentado fuertemente el modelo económico basado en el extractivismo. Minería, petróleo, gas, producción de energía, han sido las actividades fundamentales sobre las cuales ha girado el crecimiento de nuestra economía. Ello ha profundizado el patrón primario: exportador con venta de materia prima sin ningún valor agregado. Para promover mayor inversión privada, desde los años 90, se han ido generando progresivamente una serie de marcos normativos que benefician a los grandes grupos empresariales, la mayoría transnacionales, a quienes se ofrece vía leyes como la 757 ó 302030 un régimen de incentivos tributarios, deducciones fiscales, exoneraciones administrativas, garantizando una elevada rentabilidad con un exiguo retorno para el Estado. Pero además, los Tratados de Libre Comercio suponen mayores beneficios y un régimen privilegiado para este sector. Pero este modelo ha sido motivo de permanente conflictividad en las áreas rurales donde se asientan los mega proyectos debido a los impactos que van generando tanto a nivel ambiental, social, cultural y también económico, los cuales concretan evidentes vulneraciones a derechos fundamentales. La ausencia de una política efectiva para conciliar los intereses económicos y el respeto a los derechos y a los territorios de las poblaciones más vulnerables genera situaciones de discriminación por parte del Estado peruano hacia la población, sobre todo rural, campesina o indígena, que son las directamente afectadas con estos mega emprendimientos y paradójicamente las que menos perciben beneficios tangibles de los mismos. Se ha vuelto una constante que las poblaciones donde se desarrollan los grandes proyectos de inversión sean las más pobres del país y las que carezcan más de servicios básicos1; sin embargo sí son las que soportan los costes sociales y ambientales de las inversiones.
El desarrollo de la legislación en materia de inversiones contrasta con el débil marco de protección de derechos. A pesar de haber suscrito el Convenio 169, la Ley de Consulta Previa solo se promulgó a partir del 2011 y su implementación aún no se ha concretizado por la serie de deficiencias y vacíos que presenta su reglamento. Las leyes que promueven la fiscalización y control ambiental se han ido flexibilizando cada vez más y a partir del 2015 con la Ley 30230 incluso se limitan las sanciones a empresas que cometan daños ambientales. Todo ello representa un claro retroceso legal en el marco de protección de derechos básicos, contraviniendo además la cláusula de progresividad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Perú desde 1978. Desde un enfoque de análisis basado en el impacto en derechos humanos, la investigación aborda tres estudios de caso: El caso de la comunidad de Porcón Bajo en Cajamarca, vulnerada en su derecho al agua; el caso de la campesina Máxima Acuña de Chaupe, que evidencia la violación al derecho al territorio con la imposición de estos proyectos, y el caso de criminalización de dirigentes ambientales opuestos al proyecto Conga, que plantea un impacto sobre derechos civiles y políticos como la libertad de expresión. Los tres casos evidencian que la presencia de actividades extractivas, operadas por transnacionales, generan importantes vulneraciones de derechos humanos que son sistemáticas y que se van repitiendo en diversos espacios con los mismos contextos. En estos casos se detecta que existen una serie de factores que provienen tanto del Estado como de la empresa, que se conjugan para configurar estas vulneraciones de derechos que en su mayoría quedan impunes.
Estos casos son emblemáticos para evidenciar vulneraciones a derechos básicos como agua y territorio, así como derecho civiles y políticos, pero no agotan la gama de otros derechos que también son violados, producto del desarrollo desproporcionado de las actividades extractivas. Cómo lo han planteado varios investigadores, esta vulneración de derechos humanos se inserta en las dinámicas históricas de dominación, despojo y racismo hacia los pueblos indígenas, campesinos y rurales, así como de poblaciones pobres a quienes en la práctica no se les reconoce como sujetos de derechos. El garante formal de los derechos humanos en el país, el Estado, no solo ha generado condiciones de impunidad en las violaciones de derechos cometidos por las empresas, como lo demostramos con los casos estudiados, sino que en muchos casos se constituye como autor de estas violaciones. La investigación evidencia el incumplimiento de sus obligaciones básicas de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos. Por su parte las empresas extractivas, pese a declarar en el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, que son subscritores de mecanismos de respeto a derechos como los Principios Rectores de Derechos Humanos, ignoran en la practica de manera deliberada los mismos, tal como lo demostramos con los casos que planteamos.

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