Las Bambas: Autoridades en riesgo

Escribe: Fabiola Yeckting Vilela en Noticias SER

El último fin de semana del mes de junio se produjo el secuestro del alcalde del distrito de Haquira, Isaac Anaya Cruz, mientras se trasladaba en su vehículo oficial a inspeccionar una obra en el centro poblado de Patahuasi, que luego fue abandonado por sus captores en una zona próxima a Arequipa. El hecho ha rememorado el asesinato del alcalde del distrito de Mara también en la provincia de Cotabambas. Al respecto en mi columna Las Bambas hora cero del 30 de setiembre del 2015 escribí: “A las pocas semanas de la primera reunión con la comisión, Alberto Roque Cconsilla, de la comunidad Yuricancha, recién electo alcalde de Mara, es asesinado en circunstancias extrañas, cuando estaba por concretizar una serie de proyectos para el distrito con los ministerios y la PCM e iba a convocar a una reunión para informar por los cien días de su gestión, e intentar unir en una sola plataforma a las comunidades del distrito para realizar nuevos procesos de negociación con la empresa”. La emboscada fue atribuida a un intento de asalto hasta que se conocieron las amenazas que recibió, lo que puso en evidencia un escenario de conflicto entre líderes y autoridades y una violencia encapsulada dispuesta a emerger en cualquier momento.

Los dos hechos se dan en menos de un año en la misma provincia de Apurímac que se convertirá en la próxima región minera más importante del país[2]. Allí se desencadenó un conflicto porque se realizaron 5 modificaciones al EIA del proyecto Las Bambas en menos de 20 meses[3] que tendrán impacto en el medioambiente y que generaron enfrentamientos el 28 de setiembre del 2015. En la actualidad, está en etapa de producción y se transporta el mineral por carretera desde Cotabambas[4] que reemplaza la construcción del mineroducto entre Cotabambas y Espinar. De allí que la demanda de la población de mejores condiciones de vida propició la presencia de representantes de la PCM y sectores del gobierno con una oferta importante de proyectos y programas de desarrollo. Los acuerdos surgidos en las Mesas de Desarrollo entre líderes de las organizaciones y autoridades locales, junto con representantes de las empresas, ONG y el Estado en los espacios locales han tenido escasos resultados en temas como medioambiente, ordenamiento territorial e institucionalidad, vinculados al desarrollo concertado en cada provincia y la región.

No sólo se trata de poner atención al asesinato del alcalde de Mara, el secuestro del alcalde de Haquira o a los continuos conflictos que se generan por la creación de nuevos distritos, -como  el caso de Coyllurqui y la disputa entre centros poblados por el acceso al canon minero que dejó como saldo un alcalde herido- , sino a los riesgos que en general enfrentan los alcaldes, autoridades y las poblaciones, cuyas jurisdicciones compiten por el acceso a los ingresos y recursos que produce la minería. Lo que está ocurriendo en Cotabambas con la polarización de la política es un hecho grave, ya que en la esfera pública nos estamos acostumbrando a escuchar la etiqueta de pro-minero o anti-minero, cuando la realidad es más compleja y los hechos de conflicto y violencia nos muestran la fragilidad institucional de respaldo al mandato de las autoridades y de su representación ciudadana. Es decir, la fractura de su rol en el clivaje para representar los intereses de los diferentes actores, haciendo el contrapeso en sus relaciones, dejando de lado sus intereses personales, para permitir un gobierno concertado en zonas de impacto de la expansión minera en el que se den las garantías del respeto de los acuerdos de los proyectos y planificación a través de procesos participativos en escenarios de confianza. Es importante garantizar la mejor gestión de los recursos locales, de los ingresos y beneficios, en lugar de propiciar escenarios de conflicto y violación de derechos humanos con recurrentes escenas de violencia y vacío institucional que no deberían ocurrir.