Presentan Informe Nº18 del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Hoy presentamos nuestro 18º Reporte del Primer semestre 2016, con el registro y análisis de lo acontecido en los últimos meses respecto a conflictos sociales vinculados a la minería. En esta ocasión se analizó además el contexto electoral y el cambio de gobierno. Los posibles escenarios que se podrían presentar en un corto plazo preocupan a las instituciones integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Ana Leyva y José De Echave de CooperAcción recordaron que el Gobierno de Humala deja como legado a Pedro Pablo Kuczynski más de 200 conflictos sociales sin resolver. Además, las normativas conocidas como “paquetazos ambientales”, adoptadas por el actual Ejecutivo, han debilitado la fiscalización ambiental, desprotegiendo al medioambiente, vulnerando los derechos de las comunidades y amenazando a la propiedad comunal. “El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

• La visión economicista de PPK de los conflictos sociales se perfila como una de las principales debilidades para resolverlos.
• La contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre. Además, la reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico.

Respecto a las políticas aplicadas para evitar la burocracia, Leyva acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) evitando que sea indiscriminado y los proyectos no se modifiquen sustancialmente a través de esta vía que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Mencionó el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental. Así también recordó que el 50% de conflictos mineros durante el periodo 2013-2015 fueron por agua, y es un tema que aún no se toma con la seriedad que se debería. Desmintió el dato usado por el sector minero que indica que dicha actividad sólo consume el 2% del agua disponible del país, cuando dicha información fue recogida en 1979, y solamente Yanacocha consume el 34,2% de la cuenca de Maschon.

Por su parte Mirtha Vásquez, de Grufides, compartió la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, pero también de resistencia sostenida al extractivismo. “Hasta el momento no existen vías institucionales ni estrategias para solucionar los conflictos sociales”. Precisamente, respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas. Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

Finalmente David Velasco, de Fedepaz, expresó su gran preocupación por la criminalización de la protesta al implicar “muertos, heridos y demolición de honras”. Sin embargo, rescató que el gobierno de Humala ha tenido avances en salvaguardar derechos ante el uso de la fuerza y contra la tortura, pero se precisa un protocolo para la protección de los defensores ambientales. El tema es preocupante pues además nuestro país figura entre los primeros en cuanto a asesinatos a defensores ni no se cuenta con un respaldo real por parte del Estado. Manifestó además que la mejor forma de gestionar los conflictos es fortalecer liderazgos, capacidades y participación de la población.

El sur motor de la inversión minera: El informe OCM da cuenta de que en los últimos dos años se observa una tendencia a nivel nacional de reducción del área concesionada a la minería. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas). En 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado; y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

El documento recorre la macro región norte, la zona central y la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo es  la región donde se concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

El documento destaca la importancia del corredor minero (abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa) une las operaciones de Las Bambas, Constancia y Antapaccay culminando en el puerto de Matarani (Arequipa ) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica. Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico. Perú reporta un crecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.

La carretera que une el corredor minero, sin embargo, es motivo también de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y otras sustancias, y por el polvo que se genera. Por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto. En Cusco, Espinar es otro de los conflictos latentes con la minera Glencore-Xtrata. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural. En Arequipa, el anuncio de la empresa Southern que sostuvo que solo estaban esperando la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

El reporte del OCM alerta también del peligro de la consolidación de la minería ilegal, siendo Madre de Dios y Puno son dos de los bastiones de esta actividad. Todo indica que su objetivo central será detener el proceso de interdicción y formalización, así como consolidar su presencia en influencia en ciertos territorios.

Menores aportes tributarios: La inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros. El aporte del sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El informe OCM da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

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