Sueños de plomo: El dilatado y complejo caso de Doe Run Perú

Claves para entender el conflicto social en La Oroya, que ya ha dejado un muerto y decenas de heridos, y no tiene visos de solución.

Foto: RPP/Beatríz López

La Oroya es la quinta ciudad más contaminada del mundo, según el Instituto Blacksmith. Mientras la Organización Mundial de la Salud determina que los límites máximos permisibles de plomo en la sangre es de 10 microgramos por decilitro (ug/dl), los ciudadanos de la zona tienen como promedio 33.6 ug/dl, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Pero si hay tanta contaminación ¿por qué los pobladores apoyan el pedido de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) para reiniciar sus operaciones? 

Al cierre de esta nota hay un muerto, decenas de heridos, carreteras bloqueadas y reuniones en el Ministerio de Energía y Minas. Si bien el conflicto ha llegado a enfrentamientos entre trabajadores, pobladores y policías, el tema es más complejo y requiere una salida integral. 

Por un lado, la subsistencia de una población, por el otro, la institucionalidad medioambiental. ¿Los reclamos de los trabajadores son justos? ¿Qué gobiernos tuvieron la oportunidad de poner coto a las exigencias de una empresa que no cumplía con la exigencias ambientales? 

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LOS ORÍGENES

Según un informe de Ideele, la empresa metalúrgica siempre trató de evadir, mediante postergación, sus compromisos ambientales. Solicitó varias veces la extensión del plazo del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

En 1997, el gobierno de Alberto Fujimori privatizó el complejo metalúrgico La Oroya, antes propiedad de la estatal Centromin. El multimillonario estadounidense Ira Rennert, dueño del grupo transnacional Renco, adquirió el complejo y estableció la empresa Doe Run Perú para operar en Cobriza y La Oroya.

Los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García permitieron que DRP siguiera operando a pesar de que la contaminación que producía sobrepasaba los límites máximos permisibles.

En el 2006, Toledo le concedió la ampliación del PAMA hasta el 2009.

En el 2009, García cuestionó la renovación de la licencia, así como un salvataje económico de más de US$150 millones. No por una vocación ambientalista –subraya Ideele– sino porque habría de por medio el interés de favorecer a la empresa Cormin.

El gobierno de García sometió al complejo metalúrgico a un proceso concursal ante el Indecopi. La interesada en adquirir la fundición fue Cormin.

2015: LO QUE PIDEN LOS TRABAJADORES DE DRP

Lo que temen es que la empresa sea liquidada. Como se sabe, pese al intento de subastar el proceso no ha tenido final feliz y ello determinaría que el administrador concursal, Profit, decida cerrar las operaciones de la mina Cobriza (Huancavelica) el 17 de agosto, y con ello se dejaría de financiar el salario de 2,400 trabajadores de la refinería. Además, ellos arguyen que no hay inversionistas interesados porque la legislación ambiental peruana pone una valla muy alta: 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico. Asimismo, exigen que las autoridades emitan un decreto de urgencia que asegure la protección laboral de los trabajadores y que se declare a su ciudad en situación de emergencia.

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LO QUE EXIGEN LOS ACREEDORES

Este 14 de agosto debe haber una reunión de acreedores de activos de DRP: Volcan, Glencore Cormin, El Brocal, Buenaventura, Pan American Silver, entre otros. En su opinión, la solución para que La Oroya opere nuevamente pasa por bajar los estándares ambientales. Señalan que el Ministerio del Ambiente debe emitir una ley con régimen especial que sirva como marco normativo para el desarrollo de la refinería. Reclaman que e reactive el complejo porque es una de las pocas refinerías del mundo que puede procesar concentrados polimetálicos en simultáneo (zinc, plata, plomo).

LO QUE RESPONDE EL MINAM

Afortunadamente, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se ha manifestado contrario al pedido de los acreedores y los trabajadores de La Oroya. “El Estado peruano no puede relajar los estándares de calidad ambiental del aire (ECA) [...] pues ello llevaría a que el Perú pierda la demanda arbitral que mantiene con la compañía estadounidense Renco [...] si nosotros le damos a un nuevo operador mayor flexibilización de lo que se le exigió a Renco, el Perú pierde ese arbitraje internacional”, dijo en RPP. Como se sabe, esta empresa y su filial DRP iniciaron un proceso de arbitraje contra el Estado peruano por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La indemnización que exige es de US$8000 millones.

IRA RENNERT,  DUEÑO DEL GRUPO TRANSNACIONAL RENCO. QUIERE US$800 MILLONES.

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TRABAJADORES Y POBLADORES PRO DRP

De hecho, el pedido del reinicio de operaciones no es de ahora. Y tampoco es novedad que parte de la población simpatice con la metalúrgica, pues trabajan allí y hay quienes se benefician directa e indirectamente con la actividad de la refinería. Es claro: desean mantener la fuente de trabajo y el flujo comercial. Es entendible aunque no tanto la inversión, el trabajo a cualquier costo, aun cuando ello signifique ir contra su salud. Incluso hay quienes consideran que DRP ha actuado a favor de la 'limpieza' ambiental y discrepan –o niegan– que haya consecuencias negativas. Paradójico. ¿DRP supo aprovechar la necesidad económica de los pobladores? Quienes están a favor del reinicio de operaciones resaltan que el Perú pierde US$500 millones por exportar sólo concentrados y no valor agregado que saldría de la fundición.

También estiman que con la venta de DRP los acreedores cobrarán sus deudas y los US$800 millones de inversión servirían para modernizar la planta, para trasladar la chimenea y confinar totalmente las operaciones para evitar que contaminantes salgan fuera.

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RIESGO AMBIENTAL

El ministro Pulgar Vidal ha descartado que la subasta desierta se deba a los 'altos' estándares ambientales. De igual opinión es José de Echave, subdirector de CooperAcción, quien señaló a LaMula.pe que mientras uno insisten en los estándares, también hay temas laborales y la real situación del complejo metalúrgico, que está desfasado; son dos puntos que no son atractivos para los inversionistas. “La Oroya es una oportunidad soñada para quienes intentan debilitar la institucionalidad ambiental, que ya está seriamente golpeada. A partir de la crisis de La Oroya se quiere decir que hay que aceptar la inversión y rebajar los estándares ambientales”.

También al igual que el ministro del Ambiente, el especialista considera que lo más dramático es que si el gobierno acepta la flexibilización, se favorecería al grupo Renco –el principal responsable de esta situación–. "Sería inaudito que quienes han apoyado a rajatabla el TLC con EEUU propicien que el Estado pierda millones por cambiar las reglas”, anotó.

“El complejo metalúrgico, desde que se fundó en 1922 con la empresa Cerro de Pasco, hasta que se nacionalizó con CentrominPerú en los setenta y se volvió a privatizar con Doe Run en los noventa, ha contaminado permanentemente el medio ambiente. La única diferencia es que antes de los noventa no existía una normatividad ambiental. Es decir, durante casi 70 años el complejo y las empresas a su cargo han contaminado La Oroya sin que nadie les diga nada”, Ideele.

Durante el gobierno de Ollanta Humala el conflicto sigue activo. La empresa ha presentado una propuesta de reestructuración que incluye a todos sus trabajadores en planilla y el mandatario ha dicho que los trabajadores deben seguir laborando, aunque no ha sugerido una solución al conflicto. De hecho, ésta debe ser integral y articular la demanda del respeto al trabajo y la vigencia de La Oroya con el respeto a la vida, la salud y el medio ambiente. “Estamos en una situación complicada. Si el complejo no tiene viabilidad, habrá que llevar a cabo procesos de reconversión laboral. Se entiende la preocupación de los trabajadores y pobladores, por ello se debe pensar en soluciones integrales”, remarca De Echave.

Lo cierto es que DRP debe cumplir con sus compromisos ambientales antes que solicitar la flexibilización. Aunque insista –como otras empresas extractivas– en que los estándares nacionales son de los más altos del mundo, debe asumir sus pasivos y no buscar responsabilidad de terceros. Por su parte, el gobierno debe hacer valer la legislación ambiental, pero a la vez buscar alternativas laborales a los trabajadores de la metalúrgica. Mientras tanto, la sociedad civil debe estar alerta para que no haya aprovechamiento de terceros que pretendan afectar más la institucionalidad ambiental. La solución a este conflicto no es policial.

[Al cierre de esta nota la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, dijo que se instalará un comité técnico para abordar la problemática de La Oroya y llamó a los trabajadores de este complejo metalúrgico a escuchar a sus representantes para levantar la medida de fuerza. Hay reunión a la 9 de esta noche]