Red Muqui, 26/04/2016
Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.
El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina, titulado: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.
Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.
Caso del Perú *
En Perú los impactos de la minería canadiense no han sido ajenos, en la mina Lagunas Norte (región La Libertad) la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) –miembro de la RED MUQUI- realizó, entre 2005 y 2010, un seguimiento que prueba la contaminación, y que cuenta con el acta de aceptación de la empresa firmada por el gerente de asuntos corporativos de Barrick el 15 de febrero 2010. En esta zona se ubican las operaciones de la Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A. (en adelante “Barrick Misquichilca”), la cual realiza una intensa actividad de remoción de tierras para la extracción de oro, así como otras explotaciones mineras.
El seguimiento realizado a la calidad físico-química y biológica del agua en las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro concluyó que existen serios problemas de contaminación. Desde el primer seguimiento de la calidad del agua se ha remitido la información a los dirigentes ronderos y se ha invitado a funcionarios de Barrick Misquichilca. En varias ocasiones los funcionarios de la minera han objetado los resultados que indican contaminación en las cuencas de los ríos.
Los informes producidos por AMAS han sido presentados al Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Lima (OEFA), a la Defensoría del Pueblo en Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad, sin que exista un pronunciamiento formal señalando las medidas eventualmente adoptadas frente a la contaminación.
Respecto a consulta previa e informada ** para lograr un acuerdo u obtener el consentimiento es una característica común en los casos en que se afectan tierras indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas o rurales a las que, por su especial vínculo con la tierra y sus particulares formas de vida, se les aplican los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa. Ninguno de los proyectos analizados en el informe fue sometido a un proceso de consulta libre, previa e informada, en búsqueda de un acuerdo o del consentimiento de la población afectada.
En Perú, en el proyecto Las Huaquillas, a pesar del rotundo rechazo de los pobladores y de las autoridades regionales, la empresa minera Huaquillas S.A.C., hizo llegar un ejemplar impreso y otro en un CD de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración las Huaquillas, junto con una carta dirigida a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Directorial N° 169-2013-MEM/AAM de 29 de mayo de 2013, aprobó la declaratoria de Impacto Ambiental categoría I del proyecto. Tales medidas no han sido antecedidas de la consulta libre e informada a las comunidades aledañas a la zona del proyecto.
Las organizaciones firmantes de la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.
(*) Página 23 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.
(**) Páginas 76 y 77 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.
VER CARTA
http://www.dplf.org/sites/default/files/carta_a_trudeau_esp_0.pdf
DESCARGAR INFORME
http://www.muqui.org/adjuntos/informe_mineria_canadiense_2014.pdf
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