RED MUQUI pide que Congreso cuente con grupo de trabajo sobre Salud Ambiental y Pasivos Ambientales

Publicado por la Red Muqui.

Como parte de su labor de incidencia, la RED MUQUI propuso al Congreso de la República, la conformación de un sub grupo de trabajo para desarrollar los distintos aspectos de la Salud ambiental, así como la remediación de los Pasivos ambientales en las regiones más impactadas por la contaminación ambiental.

Este espacio de “Salud Ambiental y remediación de Pasivos Ambientales”, formaría parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y de Ambiente y Ecología del Congreso.

de conformarse, se espera la participación directa de las instancias competentes del gobierno central, gobiernos regionales y de la Sociedad Civil, a fin de revisar la legislación existente y plantear normativas que sustenten y ejerzan el mandato para la implementación de proyectos o programas de salud ambiental y de control efectivo de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Para ello es necesario identificar la problemática de la salud ambiental y humana y la remediación de PAMs, desde las diversas organizaciones sociales, población organizada, sociedad civil y entidades del Estado competentes (a nivel nacional y regional), indicó RED MUQUI en su propuesta.

Asimismo, esta subcomisión deberá realizar un diagnóstico, para luego plantear normas en el poder legislativo, políticas públicas a nivel ejecutivo y normativas específicas a los gobiernos subnacionales.

En su pedido a la comisión que preside la congresista María Elena Foronda, RED MUQUI justifica la necesidad de contar con un grupo de trabajo que atienda los PAM’S que son fuente de contaminación, y que en el año 2015 sumaron 8,616. La mayoría de estos se ubican en el área de intervención de proyectos mineros que ya cerraron, pero que aun así afectan seriamente la salud de las poblaciones cercanas.

La Oroya (Junín), Espinar (Cusco), San Mateo (Lima), Simón Bolívar (Pasco) y Hualgayoc (Cajamarca), serían los casos más urgentes por ver en este subgrupo de trabajo ambiental, ya que poseen características físicas, químicas, biológicas y sociales que hacen constante la intervención de organismos gubernamentales y la sociedad civil en general.

En estas zonas del país, no es solo la contaminación ambiental la que ha perjudicado la salud de la población, sino la persistencia de la pobreza y la marginación en brindar servicios básicos, son los que permiten este impacto en los pobladores.

Iniciativas y avances en las regiones afectadas

En la región de Pasco existe una ordenanza que permitió la creación de un registro de afectados, así como una serie de solicitudes para la construcción de una clínica de descontaminación que cubra las demandas de la emergencia ambiental, que ya ha sido declarada en tres distritos y un asentamiento humano.

En Junín, desde el año 2012, se promulgó una ordenanza –también a nivel regional- que declara de interés y necesidad pública regional la atención prioritaria y especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, tanto en la provincia de Yauli, como en toda la región Junín.

Hasta el momento, la implementación de esta ordenanza, que contempla un programa de atención en salud, no ha sido implementada debido a las limitaciones que tienen los organismos regionales y locales, en cuanto a sus capacidades técnicas y operativas.

En cuanto al Cusco, a partir de las denuncias de contaminación minera en Espinar en el año 2012, se realizaron monitoreos en salud a cargo del Estado, desde el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

En el año 2013, esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) reveló serios problemas ambientales y sanitarios a raíz de la contaminación, situación que exigía medidas de atención médica especializada y controles ambientales, ante la presencia de cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Lamentablemente, hasta hoy, la población no recibe ninguno de estos servicios.

Por su parte, el Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y comunidades afectadas han demandado que se implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud, ante el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minsa y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), así como al Gobierno Regional del Cusco.