ProInversión se encuentra desarrollando la socialización del proyecto minero Michiquillay con las comunidades campesinas de Michiquillay y de La Encañada a sólo días de concertarse la adjudicación, programada para el 20 de diciembre. En el marco de este proceso, la semana pasada se realizaron dos mesas de trabajo con cada comunidad para incorporar aportes y sugerencias al contrato de transferencia de dicho proyecto minero.
La mesa de trabajo con la comunidad de La Encañada se realizó el 4 de diciembre, mientras que con Michiquillay, el día siguiente. En ambas actividades participaron los dirigentes de cada comunidad y del lado del gobierno central, el director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco Tello acompañado de otros funcionarios de la misma dependencia; en tanto, en representación del Ministerio de Energía y Minas asistió el director general de Gestión Social, Fernando Castillo Torres.
Acuerdos
Después de cada reunión se firmó un acta en el que ha quedado plasmado el compromiso de las comunidades de contribuir al desarrollo del proyecto minero “manteniendo un ambiente social adecuado”. Sin embargo, también se tomaron una serie de acuerdos que deberán comprenderse como parte del anexo del contrato que se firmará con la empresa adjudicadora del proyecto.
En el caso del acta con la comunidad de La Encañada se estableció incluir la participación de la comunidad en la formulación y ejecución del plan de responsabilidad e inversión social; que la empresa cumpla con la normatividad priorizando el uso de agua para consumo humano; se intervenga con proyectos para poblaciones vulnerables; se armonice la actividad minera con la agricultura y pecuaria y se fomente el empleo de profesionales, técnicos y mano de obra local. Entre los compromisos del Estado destaca el fomentar la creación de un “instituto tecnológico afín a la minería” y la ejecución de proyectos de saneamiento a través del Fondo Social Michiquillay - FSM.
Respecto a los acuerdos con la comunidad Michiquillay, se coincidió en promover el empleo local, y que la empresa respete la normatividad para priorizar el agua para consumo humano, así como para el pago por compra, arriendo y uso de terrenos. En otros puntos se indica adquirir preferentemente los bienes y servicios locales; se apoye el desarrollo de proyectos comunales y en caso se implemente la reubicación o reasentamiento se proceda bajo estándares internacionales garantizando mejores condiciones. Respecto a los compromisos del Estado con la comunidad se coincide en fomentar la creación de un instituto tecnológico y la ejecución de proyectos de saneamiento; a la par, el MINEM asumirá el compromiso de iniciar con la electrificación en el ámbito de la concesión y gestionará que la Contraloría lidere los procesos de revisión de las auditorías del FSM. Otro de los compromisos de este ministerio es el de convocar a Activos Mineros – AMSAC durante la segunda semana de diciembre para tratar la remediación ambiental. Finalmente, fijar el porcentaje de regalías contractuales y el pago del Precio de Transferencia destinados al FSM en 50%.
Cuestionamientos a mesa de trabajo
Mientras se desarrollaba la mesa de trabajo con la comunidad campesina Michiquillay un grupo de pobladores realizó una protesta en las afueras del local. La razón, según comentaron a la prensa, fue que no se les permitió el ingreso a pesar de que habían sugerido que se realice una reunión abierta para participar en la toma de acuerdos; al mismo tiempo, criticaron el hecho de que la reunión se realice en un local a las afueras de la ciudad de Cajamarca. Por tales motivos cuestionaron al presidente de la comunidad, Jesús Díaz, de quién también dijeron que no reside permanentemente en Michiquillay y que estaría excluyendo a personas de la zona. No obstante, en conferencia de prensa realizada al día siguiente para informar los últimos acuerdos, Jesús Díaz informó que a nivel de los presidentes de los sectores se acordó la participación de solamente algunos representantes por cada sector y que existen personas que buscan generar conflicto al interno de la comunidad.
Convocatoria a movilización de rechazo
En este contexto, el dirigente rondero y precandidato al gobierno regional por el Movimiento de Afirmación Social – MAS, Ydelso Hernández Llamo, informó que el próximo 20 de diciembre - fecha que coincide con la adjudicación del proyecto minero- se desarrollará una movilización de rechazo a la adjudicación de Michiquillay. La organización está a cargo de la Federación Regional de Rondas Campesinas y se espera la presencia de delegaciones de las 13 provincias: “Para nosotros es inviable. Este proyecto lo están sacando de manera arbitraria porque no se está cumpliendo con la normatividad, mucho más si se denominan comunidades campesinas”, expresó a los medios. En estos días el propio Hernández viene difundiendo la convocatoria a la movilización, en la que además mostrarán su rechazo en contra de los políticos involucrados en el caso Lava Jato. En tanto, el gobernador regional, Porfirio Medina, ha seguido cuestionando que no se difunda mayor información sobre el proyecto.
Sobre la oposición de Ydelso Hernández y las declaraciones de Porfirio Medina, el presidente comunal, Jesús Díaz, ha sido claro en señalar que no permitirán que “terceros” intervengan en la decisión de las comunidades: “Que nos demuestren los políticos los proyectos de desarrollo para las comunidades. No hay. Basta de engaños y de política. Como comunidad vamos a hacer respetar nuestro derecho. Somos autónomos y sí o sí vamos a apoyar a la inversión privada. Decirles a las empresas que están postulando que son bienvenidas”, dijo. Por su parte, Fernando Castillo expresó que Hernández “tiene una renta electoral de este discurso”.
Sobre las declaraciones del gobernador regional, Castillo informó que se está trabajando en función de un cronograma y que próximamente se organizarán reuniones con otro tipo de actores: “Tenemos claro trabajar con los alrededores que sienten el temor de que el proyecto les pueda afectar”, señaló.
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