PRONUNCIAMIENTO: ¡NO A LOS ESTADOS DE EMERGENCIA!

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en su labor de promoción y defensa de los derechos humanos, se pronuncia ante la prórroga del Estado de Emergencia en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa aprobado mediante Decreto Supremo N°37-2018 PCM del 12/04/2018. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

 

1.- De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normativa internacional, la declaración de Estados de Emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el Ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo las comunidades, decretando estos estados sin que se cumplan los requisitos para ello.

 

2.- Esta es la nueva estrategia del Estado para acallar a las comunidades e impedir que hagan valer sus derechos. Es desmedida e inconstitucional, ya que no se ajusta a los requisitos establecidos en la Constitución para decretarla. De igual manera es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, pues como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la suspensión de derechos solo cabe “en caso de guerra, de peligro público, o de otra emergencia que amenaza la independencia o la seguridad del Estado parte”. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “en contextos de conflictividad social si bien puede afectarse la seguridad pública no está en entredicho la seguridad del Estado, por lo que no cabe la declaratoria”.

 

3.- Esta medida demuestra la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada los conflictos ecoterritoriales. Estas declaraciones de Estado de Emergencia sólo empeoran las condiciones para el diálogo que se pretende establecer entre el Estado y las comunidades para encontrar una salida al conflicto, obstaculizan incluso el proceso deliberativo que necesariamente requiere la población para evaluar las propuestas presentadas por el gobierno y la empresa minera, al suspender el derecho de reunión.

 

4.- Llama profundamente la atención que una de las primeras medidas del presidente Vizcarra sea la prórroga del Estado de Emergencia luego de expresar su deseo de recuperar la confianza restableciendo los canales de dialogo con las comunidades durante sus visitas como Ministro de Transportes y Comunicaciones.

 

5.- Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los comunidades, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

 

6.- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

 

7.- Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos estén expeditas a interponer acciones de Hábeas Corpus, entre otras acciones legales y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente, el rol de Estado es garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada, además es contradictoria a los objetivos de la Cumbre de las Américas que se viene desarrollando en estos días en nuestro país y supone una contradicción más a la propuesta del gobierno de generar un año “Del Dialogo y la Reconciliación”

 

Suscribe: APRODEH

 

Fuente: APRODEH