POLICÍA PIDE NO REALIZAR SESIÓN DE CONSEJO QUE DISCUTIRÁ SOBRE LAS BAMBAS

Categoría: Derechos humanos, Minería, Conflictos

Cajamarca, el jueves 26 de abril 2018.
Redactado por: Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

“Quieren sabotear al Consejo Regional” dice presidenta del mismo.

Un documento enviado por el coronel de la Policía Jaime Rivadeneira Durán, jefe de la Región Policial de Apurímac, pide no realizar una importante sesión del Consejo Regional el día de mañana. El argumento es insólito: estarán de fiesta y no pueden garantizar la seguridad de los consejeros. En la sesión descentralizada, a realizarse en Challhuahuacho, se tiene programado discutir un conjunto de temas que involucran a la poderosa empresa minera Las Bambas, de la china MMG.

El documento policial está dirigido a Evelyn Cavero, consejera regional y presidenta del colegiado, y señala que “con motivo del 145 aniversario del departamento de Apurímac, la mayoría del personal policial se encuentra comprometido en los desfiles”.

Y añade una afirmación que estigmatiza a la población de Challhuahuacho: “en oportunidades recientes se han producido movilizaciones en el distrito de Challhuahuacho por diversas demandas sociales especialmente contra la municipalidad (…) y contra la minera Las Bambas manteniéndose un clima latente de conflictos sociales”, por lo que estaría “en riesgo la integrudad física de los consejeros regionales”.

Por ello, el coronel pide “efectuar dicha reunión en otra fecha y lugar”.

Este es el polémico oficio policial. “Es un sabotaje, se inmiscuye en las funciones del Consejo Regional” afirma Evelyn Cavero.

¿Cuál es la agenda a tratar en esta reunión programada para el 26 de abril? La agenda incluye varios puntos que involucran a la empresa minera. Por un lado, se discutirá las observaciones presentadas por el Frente de Defensa a la tercera modificatoria al estudio de impacto ambiental de Las Bambas. En segundo lugar, se discutirá una moción que pide al Ejecutivo levantar el estado de emergencia que afecta a diversas zonas del corredor minero desde hace casi un año. Así mismo, los consejeros tienen en agenda solicitar la conformación de una comisión que investigue la transacción entre Glencore y MMG para la venta de Las Bambas, operación que ha sido denunciada por una reciente investigación periodística que encontró indicios de una presunta elusión tributaria.

“Es un intento por sabotear al Consejo Regional”, declaró la consejera Evelyn Cavero. “Lo que nosotros hemos hecho es comunicar la realización de nuestra sesión descentralizada, en ningún momento hemos pedido resguardo policial”, explica. “La respuesta del coronel se inmuscuye en competencias del consejo regional. Además, incurre en falsedad porque actualmente en Challhuahuacho las actividades se están desarrollando con normalidad y no hay conflicto social”, puntualiza.

Pese a ello, el documento de la Policía ha servido de argumento para que cinco consejeros soliciten el cambio de lugar de la sesión descentralizada para que se lleve a cabo en Abancay, la capital regional.

La consejera Cavero ha anunciado que “de acuerdo a nuestro reglamento interno, vamos a abrir la sesión ordinaria. De no haber quórum, se realizará la segunda etapa de la sesión descentralizada, que consiste en una audiencia pública con la población”.

La consejera también denunció la falta de imparcialidad de la Policía. “La Policía en la región, que sabotea de esta manera la sesión del Consejo y que es la misma que solicita al Gobierno la prórroga del estado de emergencia, es también la misma que tiene un convenio de seguridad con Las Bambas que finalmente significa una contrasprestación dineraria. No tiene imparcialidad”, señala.

Preocupa el rol que viene jugando la Policía Nacional en Apurímac. El estado de emergencia, ampliado una y otra vez, viene recortando los derechos a la libertad de reunión de diversas áreas en el corredor minero, pero esta actuación revela ahora cómo la Policía está obstruyendo el ejercicio de los derechos políticos de los apurimeños, e inclusive de las responsabilidades de representación de las autoridades regionales. Y todo ello, impidiendo una mayor participación de la ciudadanía en el debate en torno a los impactos de Las Bambas, uno de los megaproyectos mineros más grandes del país.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

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