La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Flora Tristán, Manuela Ramos y Demus plantearon al Ministerio del Interior observaciones sobre el proyecto de reglamento que regula el uso de la fuerza por la PNP. Para las organizaciones de derechos humanos es fundamental que se generen estadísticas nacionales sobre cuantas balas usan los policías y cuántos muertos y heridos resultan de ello. No se trata solo de identificar y castigar a los policías abusivos, sino que también es necesario identificar las fallas en el sistema por ejemplo a nivel de entrenamiento, equipos o procedimientos de supervisión.
Las organizaciones de derechos humanos plantearon también la necesidad de diseñar protocolos para el uso de la fuerza que consideren las características específicas de grupos como las mujeres, los pueblos indígenas o los colectivos TLGBI.
Además, sigue existiendo un importante vacío en lo que se refiere al uso de la fuerza frente a la protesta social. Hasta la fecha la Policía decide con completa arbitrariedad cuando disolver una manifestación aunque sea pacífica. Se deberían regular de manera precisa los requisitos para dispersar una manifestación y exigir que el Ministerio Público tome parte de esta decisión.
Finalmente, las organizaciones de derechos humanos demandaron que se cree un mecanismo administrativo para la reparación de personas víctimas del uso abusivo de la fuerza. En muchos casos tras las personas fallecidas hay niños que quedan en el desamparo, y que no pueden esperar los resultados de procesos judiciales que se prolongan por años, y que tienen muy limitadas posibilidades de éxito. Por ejemplo, desde el 2002 a la fecha 146 civiles han muerto por la acción policial y militar durante protestas. No existe ni una sola sentencia condenatoria por estas muertes (Ver: criminalizaciondelaprotesta.pe
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