“No hay un solo minero denunciado por delito ambiental”

Por:  Gilmer Inquilla

Vladimir Mamani, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Cuenca Ramis, que agrupa a las localidades afectadas por la contaminación en la misma (Azángaro-Carabaya), dialoga con Cabildo Abierto y denuncia que los relaves mineros en la zona han alcanzado niveles históricos, pese a que, en los últimos años, fueron designados hasta tres comisionados de alto nivel, para que abordaran el tema.

En procura de resolver el problema de la contaminación en la cuenca, usted anunció que se unirían con los mineros en proceso de formalización, ¿cuáles son los alcances de esa alianza?

Nosotros reclamamos por la formalización, porque en esos lugares se lleva a cabo actividad minera en concesiones que no se hacen respetar y son invadidas por otras personas. Por ejemplo, en Pampablanca o Ancocala, el concesionario es otro y los que han invadido son los de la comunidad. De manera que quienes están en el proceso de formalización son los que tienen su concesión. También hay un proyecto del ministerio de Energía y Minas que es la construcción de una posa de contención o cancha relavera. Sobre eso los mineros no dicen nada. Nosotros somos quienes reclamamos, aunque les correspondía hacerlo a a ellos.

Aún no conversaron entonces…

Justamente vamos a invitarlos y veremos cómo reaccionarán frente a eso. Si nosotros entramos a un paro o a una huelga, ellos también deben entrar con nosotros, porque justamente no está avanzando el proceso de formalización y (el gobierno) debe explicar  por qué hasta el momento no hay minería formal en la zona.

Hablando sobre los proyectos ejecutados en el lugar, ¿cuántos de ellos fueron realmente útiles?

Se han ejecutado diez proyectos de presupuestos mínimos de un millón o medio millón, sobre todo de saneamiento, en el distrito de San Antón. Es decir, casi nada. En el tema de riego no ha servido para nada. El ministerio de Energía y Minas ha dotado de un presupuesto de ocho millones para la descolmatación del río. Era excelente ese proyecto de inversión, pero no ha servido de nada este año, ya que ha sido colmatado nuevamente. Son ocho millones y medio que puso el ministerio de Energía y Minas. Una excepción es el caso del distrito de Crucero, donde se ha comprado maquinaria. Eso sería lo único, porque con esa maquinaria se puede descolmatar de nuevo. No hay otra cosa. Lo demás ha sido una inversión insulsa.

Además de los Altos Comisionados, hay muchas instituciones que no cumplen su rol. Usted dijo que uno de ellos es el Ministerio Público…

Eso que lo explique el mismo Ministerio Público. Si estoy equivocado, tendré que pedir disculpas públicamente, pero hasta el momento no hay un solo minero denunciado por delito ambiental. No hay.

¿Por otro lado, han funcionado las rutas fiscales para el control de insumos para la minería ilegal?

Eso tampoco funciona. El abastecimiento de combustible es normal. No hay una entidad que supervise eso. Al final, lo que hacen es corromperse. Si los encuentran, por ejemplo, si les descubren una cisterna con combustible, ¿qué es lo que hacen? Se dejan sobornar. Todos están involucrados: El Ministerio Público, la Policía Nacional. ¿De qué control hablamos? No hay resultados. El gobierno, que ha planteado el tema de formalización, ha pateado el tablero. No hay ni un resultado. Si lo hubiera, no tendríamos estos problemas. Ahora, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, están en la obligación, justamente, de administrar el agua y hacer las denuncias correspondientes; al final, no lo están haciendo.

¿Los nuevos alcaldes de los distritos afectados están comprometidos con el problema?

Definitivamente se ha cometido un error gravísimo al elegir a los alcaldes.  Y esto viene desde el gobierno regional, las municipalidades provinciales y distritales. No tienen esa capacidad para proponer al gobierno los proyectos de remediación ni mucho menos. De eso tienen que rendir cuentas a su propio pueblo. Nosotros, lo único que hacemos es, justamente, incorporar los proyectos de remediación en la cuenca Ramis. De igual forma, frenar el tema de la contaminación.

El año 2011 murieron seis pobladores cuando protestaban por este problema en las afueras del aeropuerto Manco Cápac, de Juliaca. ¿Estos procesos avanzaron?

Sobre ese tema he sido aludido por el abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Torres, quien dijo que los dirigentes los habíamos olvidado, o utilizado. Hasta hablaba de negociados, pero eso no existe. Lo único es que este señor quiso utilizar políticamente a los hermanos que perdieron la vida. Nosotros lo hemos invitado a las reuniones, para que conjuntamente se le proponga al gobierno un proceso de negociación. Lo hemos hecho participar en la comisión de alto nivel. Sin embargo, el abogado está utilizando políticamente a nuestros hermanos.

¿Cree que hubo muchos vacíos legales para contrarrestar las actividades de la minería ilegal?

Ya hace mucho tiempo se ha planteado este asunto. Son varias normas legales. Había un proceso con vacíos legales, pero juntamente, de alguna manera, con los decretos legislativos paró momentáneamente la actividad, pero por la debilidad del gobierno, continua la minería ilegal.

¿No les satisface la labor del Alto Comisonado Antonio Fernández Jeri?

Estamos pidiendo que lo cambien. Él no es, por ejemplo, como Daniel Urresti, que, cuando hubo el conflicto en Azángaro, llegó personalmente, pidió un plazo e hizo la interdicción, y con los proyectos se ha aceleró mucho. Algunos estaban recién en perfil, otros en expediente. Con él se logró, de alguna manera, ya algo se ejecutó. Desde el momento que dejó definitivamente el cargo, ha retrocedido el diálogo con el gobierno.

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