MIRTHA VÁSQUEZ: "Nos sentimos impotentes con un Estado de lado del poder empresarial"

Noticias SER, conversó con Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides y abogada defensora de Máxima Acuña y su familia, sobre la situación actual del caso que enfrenta con la empresa minera Yanacocha y sus recientes hostigamientos que vienen sufriendo de parte de esta.

¿Cómo se encuentra la situación legal del caso de Máxima Acuña y su familia?

El año pasado ganado el proceso principal de usurpación. Ante ello, la empresa interpuso, después de la sentencia, tres casaciones que fueron desestimadas por la Corte Suprema. Lo que significa que al haber declarado que Máxima Acuña y su familia no son usurpadores, quiere decir que se les reconoce el derecho de posesión o su situación de legítimos posesionarios. Sin embargo la empresa ha iniciado un proceso supuestamente de reivindicación de propiedad, que se está tramitando en un Juzgado Civil de Celendín, pero la reivindicación requiere que el demandante acredite la propiedad, y Yanacocha no tiene documento que acredite que la zona de Tragadero Grande sea suya. Lo que tiene son escrituras de que ellos hicieron tres compras - ventas por 254 hectáreas. Ahora todas esas hectáreas no están bien delimitadas.  Ellos a priori no pueden decir que dentro de lo que compraron esté el terreno de Máxima, para ello tendría que haber peritajes. Para nosotros el proceso de reivindicación no tendría sustento. Entonces eso implica un proceso judicial civil y eso demora. Dentro del proceso judicial civil ellos solicitaron una Medida Cautelar solicitando que los Chaupe no hicieran nada en el terreno, mientras no se resolviera el proceso. Por tanto esa Medida cautelar impide ahora mismo que la familia realice cualquier tipo de trabajo en su propiedad. Nosotros hemos impugnado esa medida pero el Poder Judicial no la resuelve hasta ahora.

Siendo así, ¿Cuánto podría demorar este proceso?

El plazo ha vencido hace mucho tiempo, pero el Poder Judicial pone de pretexto que hay demasiada carga procesal  y hasta ahora no quiere resolver.

En los últimos días se han denunciado nuevos hostigamientos de parte de la empresa ¿En que han consistido?

La empresa ha hecho actos de hostigamiento secuenciales. Ahora último le han destruido los cultivos, han herido a su perrito, ha instalado una cámara en el límite de la propiedad  que está apuntando directamente a la casa de los Chaupe, monitoreándoles todo el día. Asimismo la familia ha dado cuenta de que están sobrevolando drones. Eso es un atentado contra su privacidad.  La empresa está abusando de un artículo del Código Civil que ha sido modificado con la Ley 30230 que es la defensa posesoria. Para realizar defensa posesoria ellos tienen 15 días desde que se enteran de los hechos, pero los cultivos tienen más de un mes, sin embargo los han destruido. Insisto, ellos no han acreditado fehacientemente que son los propietarios.  

¿Qué medidas legales van a tomar ante los nuevos sucesos?

Se ha interpuesto denuncias penales contra la empresa por usurpación y daños por la destrucción de los cultivos porque están atentando con la seguridad alimentaria de la familia, incluso esto es un tema de derechos humanos. No pueden prohibirles que se alimenten. Además porque ha instalado una cámara en el límite de la propiedad y por el dron que son atentados contra su privacidad. Por todo ello hemos interpuesto una denuncia por el delito contra la intimidad personal, pero también un Habeas Corpus.   Se han denunciados estos hechos, pero la Fiscalía, el Poder Judicial para estos casos actúan de manera tan aletargada que nos reciben la denuncia  y se demoran demasiado en resolverlo.  Por eso la empresa siente que tiene impunidad y se aprovecha de eso.

¿Cómo se encuentra emocionalmente la familia?

Está muy quebrada dado que ellos son campesinos y viven de la tierra que es su sustento de vida. No hay nada peor que les prohíbas que cultiven sus tierras o que puedan trabajar en ellas. Es un serio atentado contra su dignidad y derechos humanos.

¿Entonces no se están  cumpliendo las medidas cautelares otorgadas por la CIDH?

No se están cumpliendo esas garantías, no hay autoridad que quiera dar cumplimiento a ello. Nos sentimos impotentes con un Estado el lado del poder empresarial y económico, porque en un Estado así no sirven las leyes ni las autoridades. Sin embargo, a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha hecho los trámites ante el Ministerio del Interior para ver este tema.  Además vamos a mandar otro documento solicitando la ejecución de las garantías que nos otorgaron para Máxima Acuña y su familia. No puede ser que su propia resolución sea letra muerta, o si no,  vamos a interponer una demanda contra el Estado porque no puede desproteger de esta manera a sus ciudadanos.

¿Qué otras acciones se van a tomar?

En Lima, diversos colectivos de Derechos Humanos de Lima, están organizando un plantón el día 16, en solidaridad con Máxima Acuña y su familia

Por otro lado, ¿Existe algún intento de diálogo con la empresa Minera Yanacocha?

No hay un intento de diálogo por parte de la empresa. La única oportunidad en que se acercaron a la familia fue después de la sentencia.  Mandaron a representantes con el mensaje de reunirse con altos funcionarios de la empresa, pero sin ningún tipo de asesoramiento. Pero ellos dijeron que con esas condiciones no se iban a reunir. Después de ello no hubo  ningún tipo de acercamiento.

¿Es cierto que agrupaciones políticas quisieron que Máxima postule al congreso?

Lo que Máxima Acuña me comentó es que en efecto hubieron varios colectivos que  le hablaron a ella de una posible candidatura. Pero  ha estado muy clara respecto a ese tema diciendo que no está preparada para una función de esa naturaleza y que lo prioritario es seguir defendiendo sus tierras.

Finalmente algo que agregar

En este momento hay que levantar las voz fuerte con respecto a lo que está sucediendo con la familia Chaupe. Esto es un atentado contra los derechos humanos de las personas que están siendo perpetrados de manera reiterada por las transnacionales. Esto no puede quedar impune porque sienta un pésimo precedente de lo que sería  la intervención de las grandes industrias y lo que significa para ellos los Derechos Humanos.  En este caso es un menosprecio total.