Los muertos civiles de Ollanta Humala

Por Jean Chicana. Servindi, 1 de octubre, 2015.

Con el paro en Apurímac por el proyecto Las Bambas el número de muerto civiles en conflictos sociales asciende a 50.

La ineficacia del gobierno del presidente Ollanta Humala para prevenir, controlar y solucionar los conflictos sociales continúa siendo alarmante. Esta carencia se evidencia en el número de fallecidos durante los conflictos sociales que ocurrieron en varias regiones del Perú desde el inicio de su mandato (28 de julio, 2011) hasta la fecha, que ahora suma 50 muertos civiles.

Esto tomando en cuenta las últimas cuatro víctimas que perdieron la vida en Apurímac, durante las protestas por el proyecto cuprífero de Las Bambas, que todavía espera por una pronta solución a sus demandas.

Estos datos fueron reportados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) la cual registra que el factor común en todas las situaciones es el uso abusivo de la fuerza policial o militar para refrenar las manifestaciones.

Los casos que presenta la CNDDHH corresponden a paros contra proyectos de actividades extractivas como los casos de Espinar en Cusco por la minera Xstrata Tintaya, Conga en Cajamarca por Yanacocha y Tía María en Arequipa por Southern Cooper, entre otros.

Sicariato

Es importante aclarar que la cifra presentada no contempla la muerte de dirigentes por encargo, también conocido como sicariato, como es el caso de los líderes indígenas amazónicos de San Martín y Ucayali, quienes perdieron la vida al defender sus territorios de la tala ilegal.

Si bien el Estado no tiene responsabilidad directa, es importante mencionar que ellos denunciaron en su momento ser víctimas de acoso y amenazas de muerte. No obstante, las autoridades no se manifestaron sino hasta después de sus asesinatos.

En abril de 2014, aconteció la muerte de Emilio Marichi Huansi, líder shawi (San Martín). Cinco meses después fueron asesinados los líderes ashánincas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos.

Causas

La CNDDHH explica que algunos factores que permiten la gravedad de esta situación es el actual marco legal que permite la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

También considera el uso de armas letales para el control de la protesta social, la falta de entrenamiento y equipos adecuados para intervenir y la falta de regulación de los procedimientos para el uso de la fuerza.

Asimismo, la prestación de servicios privados de seguridad por parte de la PNP a las empresas extractivas, la intervención militar en el control de protestas y la declaratoria de estado de emergencia en contextos de protesta social.

Inestabilidad

Además de los factores indicados es notoria la inestable dirección que tiene el Ministerio del Interior (MININTER), ente estatal encargado de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden público”.

Eso se relaciona con los siete cambios de dirección que tuvo el MININTER. Cada ministro tuvo que ser sustituido luego de hechos trágicos como la muerte de manifestantes o policías durante manifestaciones de envergadura.

La lista

A continuación presentamos la lista de los fallecidos civiles por el uso abusivo de la fuerza policial o militar durante conflictos sociales.

(1) Alejandro Gonzáles murió al ser arrojado al río Mantaro desde el puente Stuart, por efectivos policiales aún no identificados.

(2) La cuarta víctima no pudo ser identificada ya que no presentaba documentación. Falleció cuando era trasladado al Hospital Dos de Mayo. Tenía 40 años aproximadamente.

(3) El vehículo que llevaba al detenido Rosalío Sánchez, alcalde de Kepashiato (Cusco), cayó al río Vilcanota en un confuso incidente con la Policía.

(4) En la posta médica de la localidad, no se pudo identificar el cadáver de un varón de 35 años de edad aproximadamente.

(5) La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco confirmó el fallecimiento de cuatro pobladores. No obstante, aún no se conoce los certificados de defunción que aclaren que murieron por impacto de balas.