Fotos Claudia Alagón, publicado por Gran Angular
A más de tres mil metros de altitud se esconde en Apurímac la mayor inversión minera en la historia del Perú: Las Bambas, una apuesta de 10 mil millones de dólares, propiedad de la estatal china MMG. Sin embargo, la perla minera está ubicada en una de las zonas más pobres con una tasa que alcanza al 88% de su población, y que espera beneficiarse de la nueva fiebre del cobre que vive la región sur andina y que disparará la producción de este mineral consolidando a Perú como segundo productor mundial hacia el 2017. En la actualidad, hay instalada una Mesa de Diálogo entre el gobierno, la minera y la población. Los avances son lentos, y las preocupaciones y expectativas de la población mantienen latente el conflicto.
Cuando Ebert Buendía se enteró en 2003 de que extraerían cobre a menos de 1 kilómetro y medio de su comunidad, Pisaccasa, empezó a imaginar el desarrollo que transformaría a Cotabambas, Apurímac. 13 años después, se muestra pesimista. La polvareda provocada por los casi 300 camiones que pasan diariamente por la carretera sin asfaltar situada a unos escasos 20 metros de su casa les supone a los habitantes un auténtico dolor de cabeza. Además del ruido y las vibraciones que han rajado las paredes de sus hogares, se quejan de las muertes de sus ganados y de que sus cultivos no producen como antes.
300 camiones diarios transportan el cobre extraído de Las Bambas. La intensa polvareda y el ruido generan malestar entre la población.
“Antes nuestro producto daba normal, ahora apenas se cosecha. Han muerto cuatro ganados y como 60 chivos. Les atropellan, también toman el pasto con polvo y el agua que dispersa los camiones cisterna que riegan la carretera. Sus estómagos comienzan a hincharse y mueren”, explica con tristeza Guadalupe Soto Martínez, de la comunidad de Mara, una localidad que a pesar de no figurar como área de impacto directo respira la nube de moléculas terrosas.
“Las partículas de polvo se acumulan sobre las hojas e impiden funciones vitales como la respiración y la fotosíntesis; ralentiza el crecimiento de la planta y puede afectar a la fecundación y la madurez del fruto”, explica el ingeniero agrónomo Henrry Vásquez, de la ONG CooperAcción.
En la tierra del cobre
Los constantes cambios que ha sufrido este proyecto no han pasado desapercibidos para una población acostumbrada a una vida sin mayores alteraciones. Las Bambas ha pasado por las manos de la suiza Xtrata, después Glencore-Xtrata y finalmente, desde el 2014 lo controla el consorcio chino MMG.
En enero de este año, Las Bambas extrajo su primer embarque de cobre que recorre un largo trayecto de más de 300 kilómetros de carretera desde el tajo, pasando por Espinar (Cusco), hasta el Puerto de Matarani (Arequipa) por donde se extrae ya el 7,5% de la producción mundial de cobre (con las operaciones de Constancia y Antapaccay), convirtiéndose en el principal exportador de este mineral de Sudamérica. Esta infraestructura vial, que permite el transporte del cobre, fue una de las cinco modificaciones que se realizaron en un lapso de 20 meses entre 2013 y 2015, ya que el proyecto original contemplaba el transporte del mineral por un mineroducto (tubo), además las plantas de molibdeno, de filtros, y el almacén de concentrados- que iban a estar ubicadas en Espinar- decidieron instalarlas en Cotabambas.
“El cobre se transporta desde Cotabambas hasta el Puerto de Matarani que se ha convertido en el principal exportador de este mineral de Sudamérica”
Estos cambios suscitaron preocupaciones entre la población por su impacto ambiental, ya que toda la instalación que anteriormente iba a estar distribuida a lo largo de 200 kilómetros, ahora se concentra en una sola provincia. La aprobación de tres de los cambios se realizó por el procedimiento de Informe Técnico Sustentario (ITS)- con una duración de 15 días hábiles- que descarta la participación de la población al considerar menores las modificaciones.
Este malestar acumulado estalló el 28 de septiembre de 2015 (un conflicto por el que el Gobierno de Ollanta Humala decretó el estado de emergencia durante 30 días): tres personas fallecieron, 21 fueron detenidas al interior del campamento minero-contraviniendo la legislación internacional- y declararon haber sido maltratadas en su interior, de acuerdo a la abogada Ruth Luque, de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras. Dos de ellas sufrieron siete meses de prisión, y enfrentan una investigación por robo y daño agravado, disturbios y entorpecimiento de los servicios, delitos penados con hasta 30 años de cárcel. Además, una persona fue herida de gravedad-permaneciendo con incapacidad física hasta la fecha- y más de 100 dirigentes están denunciados.
Agustina Llusca, junto con una de sus hijas. Su marido, Beto Chahuyallo, falleció durante el conflicto por el impacto de una bala. La familia espera justicia y una reparación.
Ese día cambió para siempre la vida de Agustina Llusca: su marido, Beto Chahuayllo falleció por el impacto de bala de un arma de fuego, de acuerdo a los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso Luque, hubo hasta 1000 efectivos de las fuerzas del orden. La policía en Perú puede prestar servicios extraordinarios a las empresas mineras. MMG suscribió un convenio con la policía, según informa Luque, quien obtuvo esta información tras un proceso judicial de dos años, pues no es pública. “Detrás de estos convenios hay una relación económica patrimonial, la policía se está mercerizando. El convenio estipula que el efectivo policial recibe S/100 diarios, los jefes de mando superiores S/150 diarios, y la región policial, en este caso Cusco, recibiría unos 20 mil soles al mes”, declara.
La empresa MMG señaló vía correo electrónico que cuentan con un convenio en vigor con la policía “para contribuir a asegurar la presencia del Estado en la zona, a fin de facilitar el cumplimiento de su labor constitucional de velar por el orden interno del distrito y la Provincia de Cotabambas”.
Agustina vive en una pequeña casita de adobe en la comunidad de Arcospampa junto a sus cinco hijos menores de edad. “Nadie se hace responsable por la muerte de mi esposo. Creo que el Estado es el responsable. Mi esposo nos mantenía. Aquí no hay trabajo, solo vendemos el chuño [papa deshidratada] que hacemos, y nos pagan unos S/25 o 30 por arroba. Estoy preocupada, hace poco caí enferma”, relata.
“La policía en Perú puede prestar servicios extraordinarios a las empresas mineras. MMG suscribió un convenio con la policía”
En la Mesa de Diálogo que se instaló cinco meses después del conflicto, el Ejecutivo ofreció a los familiares de los fallecidos incorporarlos a los programas Juntos y Pensión 65- siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley- y la entrega de un kit escolar (que consta de unos cuadernos y lapiceros). Se acordó también la creación de un fondo que asignaría S/850 mensuales por familia durante dos años, el primero pagado por la empresa y el segundo por el gobierno regional y local. “No vemos que el Gobierno central asuma su responsabilidad cuando son sus representantes a través de la PNP los que han victimado a estos ciudadanos. Deberían asumirlo como una indemnización no como un favor o ayuda humanitaria, sino como una reparación por violación a los derechos humanos”, explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Henry José Ávila, remarcó el carácter humanitario de las ayudas y sostiene que han llevado los casos de las víctimas ante el Consejo Nacional de Reparaciones para que puedan recibir una pensión. “El Ministerio de Justicia lo está evaluando, pero pronto me imagino darán una respuesta”.
Diálogo inconcluso
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, heredó 212 conflictos sociales, en su mayoría ambientales y concentrados en el sur andino. Las Bambas es uno de ellos, a pesar de que su población no está en contra del proyecto ¿Qué falló para que acabara de manera fatal? Si las empresas tuvieran mejores sistemas de gestión de quejas, capacidad de comunicación y controversias, los actores locales tendrían canales y mecanismos para compartir sus preocupaciones y no llegar a lo que deviene en muchas situaciones”, explica Luis Oré, abogado especialista en resolución de conflictos. “Muchas de las interacciones tienen un enfoque muy legalista acerca de quién tiene la razón o no, en lugar de tener conversaciones más profundas sobre qué es importante para cada una de las partes”, sentencia.
La población denuncia limitaciones en la Mesa de Diálogo que complican su comprensión y participación
“El diálogo tiene que ser permanente, genuino, intercultural, preventivo; antes de la presencia de los proyectos extractivos. Cuando se suele hablar de diálogo es cuando los escenarios sociales han entrado en conflicto y ya están en situaciones de crisis”, sostiene Javier Caravedo, director de ProDiálogo. Mientras Luis Alvarado, comisionado para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, coincide en que hay una actitud reactiva frente a los conflictos.
La población denuncia que en la Mesa de Diálogo no existe un traductor oficial de quechua, se quejan también de las dificultades que tienen para participar en este espacio, pues deben costearse su pasaje y alimentación. “La provincia de Cotabambas es quechuablante en su 90%, tenemos dificultades para entender. Tenemos que vender una oveja o un cuy para poder pagarnos el pasaje y la alimentación. Perdemos un día de trabajo. No podemos participar en óptimas condiciones”, cuenta Víctor Lime, de la comunidad de Asacasi. El propio jefe de la ONDS, José Ávila reconoció que es “altamente recomendable que siempre haya una persona quechuahablante” e instó a que se asuma esta propuesta.
En relación al eje ambiental, la población en la Mesa de Diálogo solicitó la opinión técnica de un tercero sobre las modificaciones ambientales- un procedimiento que se ha realizado en Cajamarca y en Tía María (Arequipa)- sin embargo, el Estado no accedió. “En esas reuniones se ha explicado que tenemos que confiar en las instituciones del Estado. Para ello, necesitamos que los monitoreos y las acciones de vigilancia sean compartidas”, explica Carlos Francisco Eyzaguirre, jefe de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales del Ministerio del Ambiente.
El desborde de la presa de clarificación tan solo dos meses después de iniciar sus operaciones suscitó preocupación entre la población
Un acontecimiento que suscitó preocupación en la población es el desborde de la presa de clarificación de la minera a solo dos meses de iniciar sus operaciones (febrero de este año), los pobladores denunciaron de manera electrónica ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) -quien toma conocimiento de ello el 27 de febrero-. Consultada a esta entidad, informó que los días 22 y 23 de abril realizó la supervisión, es decir dos meses después, cuando es probable que la contaminación producida se haya diluido. La supervisión del OEFA consistió en la recolección de muestras de agua en la descarga de la poza de sedimentación, y determinó que no se superaron los estándares para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas.
Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) afirma que el incidente “ocurrió en una estructura que se emplea en el manejo del agua, que permite el almacenamiento de aguas tratadas (no relaves); dicha estructura se encuentra en el mismo cauce del río. La presa de clarificación no está relacionada con la operación metalúrgica”, por esta razón sostiene que la labor de supervisión le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Seis meses después Cotabambas todavía no conoce las razones de por qué colapsó este componente minero. La ANA no dio respuesta ante el pedido de entrevista.
Paulina Garzón, directora para la Iniciativa de Inversiones Sustentables China-América Latina de la American University, recuerda que los bancos y las empresas del gigante asiático han adoptado elevadas regulaciones ambientales y sociales para los préstamos e inversiones en el exterior-aunque no son obligatorias, su cumplimiento mejora la calificación de la empresa para obtener beneficios-.“Uno de los requisitos es que existan seguros ambientales. Un proyecto que tiene un gran impacto ambiental y que tiene que remediarlo es un costo muy grande para una empresa, y ésta es la razón por la que los bancos requieren que lo tengan”.
La minera MMG sostiene que ha adoptado medidas para mitigar la polvareda. Sin embargo, es visible nube de moléculas terrosas generada por el tráfico de camiones.
La pavimentación de la carretera es otra de las demandas de la población. MMG afirma que “viene utilizando carreteras de uso público ya existentes” y colabora en su mantenimiento. Señala que “Las Bambas ha realizado un estudio específico de tráfico y de calidad de aire y ruido para el transporte de concentrado”, el cual forma parte de la modificatoria del EIA. Añade que se han implementado diez puntos de monitoreo de calidad de aire. Finalmente, alega que realizan un regadío de las vías, previamente al paso de los camiones, “logrando reducir drásticamente cualquier tipo de polución”. Pese a estas aclaraciones, al visitar las zonas, y al recorrer las carreteras sin pavimentar se puede constatar la nube de polvo y el intenso ruido que generan, lo que provoca congestión en la garganta y nariz.
Además, la población teme que los camiones cargados con el concentrado de cobre vuelquen, como ha sucedido en varias ocasiones en el tramo de carretera que pasa por Espinar, con los peligros de salud que puede significar, como ya han advertido investigadores del Instituto de Defensa Legal. El jefe de la ONDS afirmó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene un compromiso para pavimentar la carretera para el 2017-2018, “es un compromiso del Estado”.
“La población teme que los camiones cargados con el concentrado de cobre vuelquen como ya ha sucedido en Espinar”
“El Ministerio de Transporte, en coordinación con las empresas del corredor, deben hacer un pronunciamiento claro y una ejecución inmediata de esta integración vial. Lo que aparece ahora como un problema, puede convertirse en una posibilidad de desarrollo”, afirma José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo. El especialista afirma que hay un ofrecimiento de la empresa para pavimentar la carretera Santo Tomás- Chalhuahuacho que “tiene que complementarse con fondos del Ministerio de Transporte”. El otro tramo debe ser una oferta que también lidere este Ministerio en asociación público-privada con el aporte de las otras empresas de la zona”.
La falta de pavimentación y de mantenimiento en las carreteras de Cotambambas provoca deslizamientos de tierra y accidentes.
Bajo esta vía se esconde un conflicto latente, según Hamilton Auccapure, coordinador de la Red Muqui Sur, la minera ha realizado contratos de servidumbre con las comunidades (sólo en Cotabambas, según cálculos del especialista habría unos 200 propietarios) para que alquilen su terreno por tres o más años, y algunos de ellos ya han vencido. MMG no brindó información sobre los contratos al considerar que son de “índole privado entre las partes”.
Desarrollo desigual
Cuando gigantes mineros ingresan a poblaciones alejadas con poca o nula presencia del Estado, la realidad social que hasta entonces conocían se trastoca. Chalhuahuacho es un distrito que ejemplifica el crecimiento desordenado. En 10 años ha pasado de tener una población de 2 mil habitantes a 16 mil como consecuencia de la primera etapa de construcción minera que demandó el empleo de hasta 18 mil personas-ahora se redujo a 4 mil- que vinieron de otras localidades y regiones. Los servicios básicos se han colapsado y el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. El costo de vida se ha incrementado considerablemente en toda Cotabambas. “Cuando llega una inversión de este tamaño, como lo fue Yanacocha en su momento, Antamina o Cerro Verde, normalmente se dan en zonas rurales donde los mercados no están muy desarrollados; como hay una suerte de migración, las familias requieren ropa, alimentos y otros productos que, como no hay en cantidades suficientes, empiezan a subir”, explica Gustavo Ávila, economista de Propuesta Ciudadana.
“Se estima que las Bambas no pagará canon hasta el 2021”
Por ello, en la Mesa de Diálogo la población ha pedido que se promueva un desarrollo sostenible con la ayuda del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). De momento, el gobierno local ha solicitado un adelanto de canon al Ministerio de Economía y Finanzas por 47 millones de soles en 2013 y 139 millones durante el 2014 con una tasa de interés del 5,5%. Hay que tener en cuenta que el proyecto Las Bambas se estima que no pagará el impuesto a la renta, y por tanto, canon hasta el año 2021 por un monto que rondaría los 300 o 400 millones de soles, según calcula Ávila.
“La población casi en nada se está beneficiado en cuanto al empleo por la minería. Ojalá que se impartan carreras técnicas para mejorar la educación”, comenta Florentino Puma, de la comunidad de Tambulla. “Las postas de salud en Mara son deficitarias, muchas personas han muerto en el camino trasladándose hasta Cusco”, comenta Felipe Mamani. “Nosotros como agricultores y ganaderos queremos que el Estado se preocupe en hacer irrigaciones, más sembríos para poder exportar”, añade.
La propuesta de PPK de constituir un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales y de fortalecer la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) es reconocida por los expertos como una medida necesaria para mejorar la prevención de los conflictos sociales. “Las Mesas de Desarrollo deben pensarse en términos de desarrollo territorial donde el proyecto extractivo sea un componente pero no el que marque la pauta. Es necesario mejorar la gobernanza ambiental”, recomienda el director de ProDiálogo. Luis Oré recomienda que el tema del corredor minero debe ser abordado de manera inteligente y constructiva por parte del Estado y del sector privado.
“El gobierno debe tomar con mucho cuidado y seriedad el desarrollo de las Mesas que están en pleno proceso de diálogo. Hay que garantizar el desarrollo social de las comunidades que están en torno a los proyectos”, sostiene José Ávila.
Los tiempos sociales y económicos parecen no sincronizarse. Experiencias como la Mesa de Diálogo en Espinar muestran que la dificultad no sólo reside en alcanzar acuerdos, sino en que se cumplan en plazos prudenciales.
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