Lunes 30 de marzo 2020.
Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abogado.
El gobierno de los EEUU aprovecha la crisis que se vive a nivel mundial con esta pandemia del COVID-19, brindando legalidad a la impunidad de quienes dañan el ambiente. Para ello, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) permite que las empresas extractivas no respetan los estándares ambientales, tras ordenar la inaplicación de sus leyes sancionadoras de protección ambiental por tiempo indefinido.
Esta medida radical ha sido implementada por esta agencia del gobierno de los Estados Unidos el pasado 26 de marzo de 2020, con la única exigencia de que aquella industria que cause un daño al agua, al suelo o al aire, quedará exenta de responsabilidad de cualquier daño producido al ambiente, con la sola excusa, de declarar, que dicha afectación, no es sino ocasionada por la pandemia del virus.
Siguiendo las fuentes, podemos considerar que quien gobierna los EEUU, al igual que en muchos países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, no es el pueblo, ni mucho menos sus representantes políticos, ya que, no son sino las trasnacionales las que se imponen sobre los gobiernos, direccionando sus leyes, en contra, no solo de la constitución, sino de la democracia misma. El nuevo “Leviatán” a quien se le entregan los derechos (en este contexto el de la salud) y libertades del pueblo, resultan ser lamentablemente las grandes empresas extractivas y los grupos de poder trasnacional, entre ellas la industria petrolera, que como puede observarse, ha puesto bajo presión a esta agencia de Estado (La EPA), llevándola a suspender la aplicación de las normas de sanción ambiental, bajo el argumento de que todo es producto de la pandemia que se vive hoy en todo el mundo. En efecto, el American Petroleum Institute (API) solicitó por escrito a esta agencia de Estado “…la suspensión de las reglas que requieren la reparación de equipos con fugas, así como el monitoreo por el que se asegura que la contaminación no se filtre en el agua cercana…” Por tanto, aceptando esto, no cabe aplicar sanción alguna por su incumplimiento.
Atento con todo esto, y porque también puede suceder en nuestro país, consideramos a modo de conclusión, que dicha agencia (La EPA), si bien como manifestó en las declaraciones de sus representantes, debe proteger al personal de su administración de esta pandemia, ello, no la exime de ninguna manera de mantener la vigencia del Estado de Derecho, ni siquiera por un tiempo determinado, ya que esto, promueve, que las extractivas, operen, no solo al margen de las normas ambientales, sino también de salud y la emergencia pública de acuerdo a lo que hoy se vive en todo el mundo. Sin perjuicio de quedar sentado que, con este antecedente, queda demostrado que los grupos industriales petroleros, como el American Petroleum Institute (API), controlan las decisiones de gobierno en los Estados que se dicen democráticos.
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