Fabiola Yeckting escribe Las Bambas: El desarrollo y los DESC

Publicado por Noticias SER 

Los medios de comunicación informaron la semana pasada que la vía de acceso al proyecto minero Las Bambas estaba bloqueada por la población de las comunidades de Allahua, Choquecca, Quehuira, Pumamarca, entre otras, que no habían aprobado el tránsito de camiones con minerales; y que, a su vez, sufren las voladuras para ampliar el tajo abierto. Hubo enfrentamientos con la policía y las protestas que estuvieron acompañadas de declaraciones de los líderes demandando la presencia de los nuevos ministros para evaluar la situación que vive Cotabambas. Señalaron que los comuneros de la zona de influencia del proyecto reclaman un trato justo y pedían que se revise el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, también se mencionó que buscaban que se les pague 15,000 soles por cada camión que transita cerca de sus comunidades, por los impactos en el medioambiente y en su propiedad; aunque luego se afirmó que no se trataba de la única vía de acceso en la zona y que el Estado trataría de apaciguar el conflicto.

Los derechos sociales económicos y culturales (DESC) de las comunidades en la zona del proyecto minero Las Bambas están de nuevo en vitrina. En la zona de impacto del proyecto se quejan por los cambios de sus condiciones de vida y de producción. No solamente por el paso de camiones con minerales que la población no ha autorizado porque pensaba que se construiría un mineroducto como lo señalaba el EIA, ni únicamente por el malestar del cambio de ubicación de la planta de procesamiento de molibdeno y de filtros que iba a construirse en la provincia de Espinar, y ahora se ubica en Cotabambas. Existen demandas de cumplimiento de acuerdos que son la base de sus reclamos al nuevo gabinete.

Respecto a los derechos económicos, en muchas comunidades del ámbito de influencia directa del proyecto, como Fuerabamaba, se han llegado a arreglos por la venta de las tierras, mientras en otras aún continua el proceso de negociación. En algunas comunidades la empresa ha pagado compensaciones con gastos en movilidad, educación, empleo, vivienda y otros. Se ha construido un condominio “Nueva Fuerabamba” para las familias que aceptaron el traslado. Sus vidas están cambiando de escenario rápidamente, del  espacio rural al urbano. Hay procesos de disolución de comunidades y otras se están deteriorando porque decrecen sus posibilidades de producción agrícola en favor de la explotación de minerales. Entonces la población de las comunidades afectadas hace su evaluación costo-beneficio. También analizan las desventajas de abandonar el territorio en el que vivieron generación tras generación. Ahora se habla de la pérdida de la producción, de la pobreza, de la falta de empleo. Se habla de que antes nunca se vivió de la minería sino de la agricultura, de la producción de papa, de los sembríos y animales. 

La población no se opone al proyecto pero para consentir su permanencia exige los beneficios de sus promesas de desarrollo, mejores condiciones de vida, institucionalidad y representación política. En la ruta de Cotabambas diariamente circulan –ida y vuelta- más de 250 camiones, y producen impactos ambientales, y continuos accidentes. Ha disminuido la capacidad del proyecto de dar empleo, pasando de 18,000, a 4,000 personas, por lo que la población percibe un bajo impacto económico.  En Apurímac, alrededor del 60% del territorio está concesionado y los proyectos más importantes son Las Bambas, Constancia y Antapaccay. Más de 200 Km de carretera que se conectan pueden convertirse en un corredor minero de desarrollo que lleve beneficios a la población.

Sobre los derechos sociales y culturales, la Mesa de Diálogo para el Desarrollo instalada en el gobierno anterior no tuvo los resultados esperados. Los directivos de la PCM acompañaban procesos de negociación siempre y cuando la población colaborara con los inversionistas, es decir, muchas veces se defendían intereses contrarios a los de la gente, por lo que se careció de un trato justo y en igualdad de condiciones.

Los temas sociales, culturales e identitarios quedaron en el aire. Aún con la condición de quechua hablantes originarios no se evaluó si tienen derecho o no a la Consulta Previa, o si alguna de las comunidades quería declarar su derecho a ser indígena, porque han pasado rápidamente a un proceso de negociación con la empresa. En las sesiones de la Mesa de Diálogo faltaron intérpretes y traductores de la población quechua en la exposición de sus problemas, demandas e intereses[1].

Sobre los derechos ambientales, la Ley 30230 del “paquetazo ambiental” quitó capacidad de denominación de uso de tierras eliminando la participación ciudadana en los procesos de Ordenamiento Territorial, establece que “si el territorio tiene una capacidad agrícola a la vez que minera se priorizará la que sea más rentable económicamente sin considerar los impactos ambientales y las necesidades alimentarias de la población”. Por lo que “no se establecen medidas de protección para pueblos indígenas ni tampoco considera el uso y potencialidades que tenga”[2]. Sobre esta herencia ahora se debe pensar cómo planificar las transformaciones del territorio en el nuevo gobierno. Los líderes reclaman que el presidente y sus ministros no digan “el medioambiente está bonito”sin conocer la realidad.

Una de las reformas del denominado “paquetazo ambiental” determinó la posibilidad de modificaciones que se aprueban en un plazo 15 de días para evitar “la tramitología” y “la permisología” de los estudios técnicos que ahora debe subsanar la empresa. El resultado es la falta de previsión de sus impactos ambientales. Además no se percibe capacidad de lograr por la vía del diálogo permanente, de consensuar una agenda legítima que represente los intereses de la población.

Los acuerdos del Acta de la reunión de la Mesa de Diálogo del pasado 22 de Agosto que fueron:  1) Avalar el marco legal de la Mesa de Desarrollo para la Provincia de Cotabambas, 2) Elaborar el Reglamento de funcionamiento de la Mesa, 3) Realizar la presentación de cumplimiento de los avances en las temáticas: Modificatoria del EIA, Derechos Humanos, y Responsabilidad Social Empresarial, así como garantizar la presencia de otros funcionarios de las instituciones locales[3]. Estos son una esperanza de diálogo y respeto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero sigue siendo un gran desafío cambiar la matriz extractivista del Estado y la defensa de los derechos de las poblaciones frente a los intereses de los proyectos mineros. Si no se impulsa una real representación de las comunidades a través de sus equipos técnicos para el trabajo en procesos reales de desarrollo en el marco de la participación y planificación de un ordenamiento territorial y bienestar de las poblaciones se corre el riesgo de reavivar nuevamente los conflictos.