PERÚ, EL PAÍS QUE NO PROTEGE A SUS DEFENSORAS DE DDHH

Cajamarca, el lunes 26 de marzo 2018.
Redactado por: Amanda Meza para LaMula.pe

Publicación ‘Políticas integrales de protección de personas defensoras’, de la CIDH da algunas luces sobre los peligros y riesgos con que lidian los y las lideresas indígenas de toda la región.

Máxima Acuña es un caso emblemático para el Perú. Su lucha contra la minera Yanacocha la ha llevado hasta los tribunales nacionales y desde noviembre del 2017 su caso fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en vista de que la fiscalía rechazó la denuncia que interpuso por violencia de género, al considerar que el Estado incumple con brindarle protección.  

Mirtha Vásquez, su abogada y representante de Grufides, llegó el viernes 2 de marzo a una reunión con la presidenta de la CIDH, Margarette Macaulay. Junto a María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, informaron los detalles de la violencia de género que sufre Acuña y su familia. Apenas un día antes ese organismo internacional presentó la publicación ‘Políticas integrales de protección de personas defensoras’, que da algunas luces sobre los peligros y riesgos que afrontan las defensoras de derechos humanos, y enfatiza la situación que atraviesan los y las lideresas indígenas de toda la región.

¿Cómo andamos en Perú en materia de protección de los y las defensoras de derechos humanos? Al referirse a nuestro país, en el capítulo “Medidas alternativas adoptadas por los Estado para hacer frente a la situación de personas defensoras de derechos humanos”, el informe de la CIDH revela una situación grave:

“En relación con Perú, no existen mecanismos especiales para la protección de quienes defienden los derechos humanos y los operadores de justicia”.

Sin embargo, no queda allí. La CIDH llama la atención de que el propio Estado peruano indicó que garantiza la protección de los derechos constitucionales de todos sus ciudadanos, “a través del cuerpo policial”.

Bastaría con revisar cómo han terminado las intervenciones policiales, con muertos y heridos, en los conflictos por el agua y el territorio.

FOTO DIARIO LA REPUBLICA

Asimismo, la CIDH precisa que, en una audiencia pública en 2016, el Estado anunció que en los dos meses siguientes el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estaba planeando adoptar un protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Ojo, eso en el 2016, ya estamos 2018 y ese protocolo no existe.

Se resalta que “la información recibida indica que un borrador de protocolo fue discutido en el Consejo de Derechos Humanos, pero como no cumplía con los estándares mínimos, 
no fue aprobado aún”.

ACOSO, PERSECUCIÓN Y ATAQUE

¿Qué es lo que deben enfrentar tanto los ciudadanos que defienden los derechos humanos como los operadores de justicia que ven estos casos? El informe es revelador:

“Adicionalmente a la violencia y ataques a su derecho a la vida, la Comisión observa que personas defensoras de derechos humanos en la región, también han sufrido incidentes de acoso judicial, agresión física, amenazas, intimidación y campañas de difamación, particularmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú”.

En otro momento se señala, “la Comisión ha llamado la atención respecto del excesivo e injustificado uso de la ley penal contra personas defensoras de derechos humanos y participantes de movimientos sociales de protesta pacíficos, en la forma de procedimientos criminales presuntamente infundados, detenciones arbitrarias y uso prolongado de la prisión preventiva. En la mitad de los casos reportados de criminalización, la defensora o defensor era una lideresa o líder indígena”.

Y un tercer párrafo que nos dedica como país es “la Comisión también ha monitoreado la situación de jueces, defensores públicos, abogados y fiscales en la región y ha identificado una serie de obstáculos que incluyen deficiencias institucionales en la garantía de independencia del poder judicial, así como ataques, agresiones y hostigamientos como represalia por acciones de las y los operadores de justicia”.

Es decir, tenemos tres elementos, se acosa y se persigue judicialmente a los defensores y defensoras, y se ataca a los operadores de justicia que ven estos casos de derechos humanos.

MUJERES DEFENSORAS, VIOLENCIA SEXUAL E INSEGURIDAD

Destaca en el informe sobre las diferentes formas de violencia que viven las mujeres defensoras, quienes señalan que se encuentran “particularmente expuestas a violaciones a sus derechos a la vida e integridad personal, incluyendo varias formas de violencia sexual y violencia contra sus familias en represalias por su trabajo”.

Las mujeres han señalado que los ataques contra ellas son vertidos en sus familias, comunidades y organizaciones para deslegitimar su trabajo.

La CIDH recomienda a los estados que “es imperativo contar con la experiencia de las mujeres defensoras en cada paso de la adaptación de éstas medidas, desde la evaluación de sus necesidades y prioridades, hasta el diseño de los esquemas de protección. Los Estados también deben prestar especial atención a la adopción de medidas que, además de su género, tengan en cuenta condiciones adicionales que las ponen en situación de vulnerabilidad, como edad, discapacidad, orientación sexual, entorno urbano o rural; y considerar un enfoque diferenciado adicional que contemple otras características relacionadas con su etnia y las particularidades de las comunidades a las cuales pertenecen éstas mujeres”.

También recomienda que las medidas de protección encaminadas a lidiar con situaciones de riesgo y las necesidades de seguridad de mujeres defensoras de derechos humanos, deben considerar, por ejemplo:

FOTO: ATOQ WALLPA SUA

Chalecos antibala personalizado para la forma del cuerpo y el tamaño de la mujer; garantizar protección al grupo familiar nuclear, cuando sea solicitado; acceso a servicios psicológicos; atención a las mujeres víctimas de violencia sexual por personal formado adecuadamente en sensibilidad de género y asistencia del trauma.

Asimismo, aconseja alternativas a la presencia de hombres armados en sus hogares, lo que puede incluir mujeres policía o el uso de acompañamiento que no incluya presencia armada, formación del personal de seguridad y judicial en derechos humanos en los riesgos y desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras, así como sus necesidades específicas de protección de sus ambientes de trabajo, ya sea a través de cámaras, teléfonos celulares, identificador de llamadas, patrullas policiales y escoltas, entre otras medidas.

El informe es claro de sobre la situación de orfandad que atraviesan los y las defensoras de derechos humanos. El Perú tiene 176 conflictos sociales que atender en regiones del país y a los problemas de tierras, lagunas, ríos, agua se suman otros derechos humanos que pugnan por políticas claras y definidas. Mientras los y las defensoras se juegan la vida, hay un Estado ciego, sordo y mudo.

Fuente: https://contraelolvido.lamula.pe/2018/03/12/peru-el-pais-que-no-protege-a-sus-defensoras-de-ddhh/amandameza/