Ni el Plan de Rehabilitación ni su modificación han sido consultados pese a que sobre estos territorios, siguen vigentes las concesiones mineras otorgadas a Río Blanco Copper S.A. donde ésta ejecutó actividades de exploración hasta el 2007, año en que solicitó autorización para ampliar sus actividades de exploración, lo cual no progresó por no poder salvar las observaciones en su solicitud y en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA.

Recordemos que también en 2007, Huancabamba y Ayabaca participaron de una Consulta Vecinal en la que el 97% rechazó el proyecto Río Blanco en sus territorios. Aún con ello, a inicios de 2009 el MEM aprobó un Plan de Rehabilitación de los pasivos que dejó en la fase de exploración minera, lo que causó preocupación en las comunidades por verse obligadas a aceptar a la empresa cuando ya la habían rechazado en forma mayoritaria.

La rehabilitación culminó en diciembre de 2010, Río Blanco Copper S.A. desmontó su campamento minero. Fue entonces que las comunidades iniciaron un resembrado de vegetación en el lugar. Después de 6 años llama la atención que el MEM apruebe un nuevo Plan de Rehabilitación, conociendo el abierto rechazo y sin consulta.

Actualmente las comunidades han observado la presencia de policías y militares bajo pretexto de instalar bases para supuestas actividades de control y defensa nacional en la frontera, con lo cual se estaría tratando de militarizar la zona para facilitar el reingreso de Río Blanco y permitir la represión de campesinos/as que lo rechazan.

Asimismo, denuncian la quema de árboles en diversos montes de Carmen de la Frontera, Sondor y Sondorillo, se habrían quemado alrededor de 26 mil pinos, 17 mil serían del Anexo Salalá en Huancabamba. Este desastre ambiental obedecería a una estrategia de Río Blanco Copper S.A. para desprestigiar y responsabilizar a los comuneros de contaminación y mostrar a la empresa como símbolo de tecnología que no contamina, empleo, etc.

Preocupa que estos hechos signifiquen el regreso de Río Blanco Copper S.A. más cuando en un medio de comunicación señala que la explotación iniciará en el 2021[2], lo cual se confirmaría con el reciente Convenio de Promoción del proyecto Minero Río Blanco, suscrito entre el MEM y el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, en el contexto de la APEC[3].

Conociendo el rechazo comunitario hacia esta empresa minera, ésta no es la mejor forma de abordar el conflicto, ignorando la voluntad de las comunidades campesinas para elegir sus propias formas desarrollo, imponiéndoles proyectos extractivos bajo fuerza, militarización, criminalización y vulneración de sus derechos.

Se alerta y se rechaza que las autoridades gubernamentales otorguen autorizaciones a empresas sin consultar con las comunidades de Huancabamba y Ayabaca, como indica el Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785 - Ley de Consulta del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Asimismo, demanda a las autoridades se rectifiquen y promuevan acciones y procedimientos de responsabilidad y sanción para las empresas, en cuanto al respeto de los derechos de las poblaciones que afectan.