Las declaraciones de Alfredo Thorne a favor de individualizar la propiedad comunal para favorecer la minería siguen motivando duras críticas. En las últimas horas se pronunciaron la articulación nacional agraria Conveagro,la Red Muqui y el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda.
Como se recuerda, en declaraciones a Radio Capital, Thorne, quien ocuparía el cargo de ministro de Economía del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, dijo que para facilitar la actividad minería es necesario promover la división de las tierras comunales en predios individuales en zonas donde se ubican proyectos mineros.
Esto con el fin de que los comuneros puedan vender sus tierras individualmente a las empresas mineras o incluso a agricultores.
El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), se expresó en contra de las declaraciones del economista.
"Yo creo que la inversión privada y la explotación de recursos mineros es muy importante, pero lo que no se está viendo es que para los pueblos indígenas la tierra no es una mercancía como puede ser un celular (...), para los indígenas el territorio tiene una función especial", afirmó el abogado en diálogo con Servindi.
"Hay una relación espiritual con esos territorios. La Corte Interamericana (de Derechos Humanos) no en vano ha dicho que los territorios ancestrales son una condición de subsistencia para los pueblos indígenas", agregó.
Sobre la propuesta de Thorne, Molleda sostuvo también que esta va en contra de lo que dice el artículo 89 de la Constitución Política "que señala que el Estado tiene que proteger a las comunidades campesinas y nativas".
Asimismo, sostuvo que tales declaraciones van en contra del artículo 2.19 de la Carta Magna "que dice claramente que el Estado tiene que reconocer y proteger la diversidad cultural."
El abogado del IDL sostuvo también que existe una "protección reforzada que se da al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales" y de la cual ha hecho eco incluso el propio Tribunal Constitucional (TC).
"En concreto si se quiere realizar actividad extractiva en territorio de pueblos indígenas tú no puedes obligarles a que vendan sus tierras. Tienes que primero consultarles y recoger sus intereses", expresó el abogado.
Aseveró que detrás de lo manifestado por Thorne "hay una visión incompleta de la realidad, y creo que si así comenzamos yo creo que los conflictos están muy cerca".
"Si se quieren hacer las cosas en serio primero deben titularse sus territorios. El derecho al territorio y a la propiedad sobre el territorio implica que el Estado los titule. Esto está pendiente y mientras no se titulen el Estado debería de abstenerse de entregar cualquier tipo de concesión minera, petrolera o forestal sobre ellos", subrayó.
Tras lamentar la mirada unilateral del representante de Peruanos Por el Kambio (PPK), partido político que lidera Kuczynski, Ruiz Molleda remarcó que la consideración del territorio y su relación espiritual con los pueblos indígenas está en el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual tiene rango constitucional.
"Entonces jurídicamente la defensa del territorio tiene protección, tiene cobertura jurídica y normas de la mayor jerarquía. Yo creo que ahí debe de entrar a tallar el nuevo ministro de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad del nuevo gobierno", sentenció.
Ante lo expresado por el economista, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) se pronunció calificando las citadas declaraciones de una "mala señal del virtual gobierno por no respetar el derecho colectivo sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas otorgando beneficios a la minería y propiciando un desenfrenado acaparamiento de tierras".
En ese sentido, recordó que Peruanos Por el Kambio plantea en su plan agrario "la masiva titulación de predios rurales a través del ‘Programa Propietario Firme’, así como mecanismos de titulación y registro de derecho de todas las comunidades campesinas y nativas en el ámbito nacional que son fundamentales para la formalización de la propiedad."
La organización exige que "se continúe con el proceso de titulación de la propiedad rural, ejecutando el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú — Tercera Etapa — PTRT3 del Ministerio de Agricultura y Riego."
Asimismo, pide desarrollar estratégicamente la formalización de "Cooperativas Comunales" con un componente empresarial valorando el potencial territorial y económico que tiene las comunidades campesinas y nativas en contribución a la seguridad alimentaria, entre otras acciones.
Javier Jachnke, secretario ejecutivo de la Red Muqui respondió que medidas impositivas de ese tipo afectarían los derechos colectivos al no involucrar procesos de consulta previa y diálogo intercultural, y lo único que se lograría es avivar aun más la conflictividad social en el país.
Jahncke cuestionó que Alfredo Thorne considere que la principal solución a los conflictos sociales sea solo económica.
Puntualizó que el verdadero trasfondo son las demandas históricas de los pueblos, que requieren el reconocimiento y respeto de sus derechos. Esto debe ser parte de un diálogo abierto y sincero, previo a cualquier decisión sobre cualquier proyecto de inversión pública o privada, expresó.
Fuente: Servindi
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