Comisión de Constitución dictaminó a favor de derogar DL 1333

Servindi, 14 de marzo, 2017

Denominada “Ley del Despojo” atenta contra derechos territoriales de los pueblos indígenas, comunidades rurales y de cualquier ciudadano. Norma era solo una entre los 112 decretos promulgados por el Ejecutivo tras la delegación de facultades otorgada por el Congreso. El 1333 era considerado el decreto más pernicioso.

Tras reiterados debates y en medio del rechazo de la sociedad civil, principalmente pueblos indígenas y comunidades campesinas, hoy la Comisión de Constitución del Congreso decidió votar a favor de la derogación del DL 1333, según lo anunció a través de su cuenta de Facebook la parlamentaria Tania Pariona.

La denominada “Ley del Despojo” causó profundo rechazo y preocupación, especialmente entre las comunidades indígenas y campesinas, pues vulneraba directamente los derechos territoriales de la población, priorizando el desarrollo de proyectos de inversión sin una previa consulta y de manera anticonstitucional

Tras conocerse las implicancias de este decreto la rápida reacción de las organizaciones indígenas así como de los organismos especializados de la sociedad civil pronto advirtieron la magnitud del perjuicio de esta normativa, mostrando su rotundo rechazo al mismo.

María Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Pueblos del Congreso manifestó que desde que se supo de este decreto, presentaron a través de este grupo parlamentario sus observaciones.

“Con el APIP (Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) se quería crear un monstruo con el cual ellos (los inversionistas) podían decidir sobre sus territorios (de los pueblos indígenas), en una frágil institucionalidad donde todavía no se terminan de reconocer los territorios ni se respeta la autodeterminación de los pueblos”, manifestó Foronda tras anunciarse la derogatoria.

Por su parte, la parlamentaria quechua Tania Pariona calificó el decreto derogado como “totalmente lesivo que atentaba contra los derechos territoriales de los pueblos originarios”.

Asimismo sostuvo que “no era posible aprobar un decreto legislativo que atente contra derechos constitucionales que han sido el resultado de la conquista de años y de vidas perdidas en nuestro país”.

Pariona Tarqui consideró que el decreto nos llevaba a un escenario vulnerable a la conflictividad como el que se dio con Bagua y que aún tenemos un gran desafío por delante con respecto a atender y escuchar a las comunidades.