El reciente reporte de CooperAcción sobre la gobernanza del agua en zonas mineras es un trabajo pionero que identifica una diversidad de graves problemas respecto a cómo se decide la asignación de derechos, permisos y licencias de agua en cuencas en las que la minería compite con otros usuarios, como son las poblaciones rurales y los centros poblados distritales y provinciales, e incluso las capitales regionales.
Lo que el estudio constata es preocupante: no hay información actualizada sobre la oferta de agua por cuenca, pues se sigue usando data de fines de los años 70 generada por la entonces Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN) y que recién ahora se está actualizando; no se puede acceder fácilmente a la información actualizada sobre derechos, permisos y licencias otorgados a los diferentes usuarios por cuenca y a lo largo del tiempo (cosa que sí es posible hacer con las concesiones superficiales de tierras para exploración y explotación minera); las normas sobre minería le aseguran a estas empresas la dotación de agua asignada originalmente, mientras que los demás usuarios deben adaptarse a la variación anual de los volúmenes disponibles; las instancias intermedias y locales de la Autoridad Nacional del Agua son débiles frente al poder de las grandes empresas mineras y carecen de capacidad real de monitorear el consumo efectivo de agua en cada cuenca, fuera de algunas cuencas que sí tienen la infraestructura para hacerlo; los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son insuficientes para evaluar el impacto que las actividades mineras tendrán sobre las cuencas y el monitoreo que de ellos se desprende no toma en cuenta todos sus impactos reales; etc.
El reporte profundiza también en la experiencia de gestión del agua en cuencas de Cajamarca y el Cusco.
La provincia de Cajamarca arrastra una historia de impactos negativos en el suministro de agua lo que ha constituido una fuente de permanentes conflictos entre las poblaciones locales y el proyecto minero de Yanacocha en la cuenca del Río Grande. Este conflicto se extendió a la ciudad de Cajamarca cuando la empresa minera intentó expandir sus operaciones hacia el Cerro Quillish, que es el acuífero de la ciudad. Esta misma desconfianza respecto de la minería, en general, y de Yanacocha, en particular, ha llevado a las poblaciones de las provincias de Celendín y Bambamarca a rechazar y paralizar su nuevo proyecto minero Conga.
En la provincia de Espinar (Cusco), las poblaciones locales han tenido permanentes conflictos con la empresa minera Tintaya en torno al manejo de recursos asignados a compensar los impactos sociales negativos de sus actividades. En tiempos más recientes, al conflicto se ha sumado la dimensión ambiental, pues se culpa al proyecto minero de agotar y/o contaminar los cursos de agua de las cuencas del Salado y el Cañipía, con impactos negativos sobre la salud de los animales y las personas.
Hay, pues, serios problemas en la gobernanza del agua en las zonas mineras. Se desprende del diagnóstico que hay que generar más información y hacerla más accesible a los interesados, hay que modificar las normas relativas a los derechos de agua y los EIA, fortalecer a la Autoridad Nacional del Agua en sus niveles intermedios y locales, y escuchar a la población y tomar en cuenta sus necesidades inmediatas tanto como sus valoraciones del agua y de sus territorios. Solo con este conjunto de medidas se podrá hablar de una adecuada gobernanza del agua en territorios mineros, en los que las voces de las poblaciones locales y de las propias autoridades sectoriales no sean avasalladas por el poder de las empresas mineras.
Fuente: Diario UNO
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