A 7 años del Baguazo, a nadie le importa lo que pasó

Por Juan José Quispe* 

El 5 de junio del 2009, en Bagua, una zona casi desconocida por el grueso de la población, se produjo el más irracional, violento y descabellado desalojo de miles de manifestantes de las comunidades indígenas en la zona denominada “la curva del diablo”, quienes reclamaban pacíficamente que el gobierno aprista derogue un paquete de decretos legislativos que atentaban contra la titularidad de sus tierras, sus territorios, el agua y en general su ecosistema.

El dato anecdótico es que la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estableció que la segunda vuelta electoral para elegir a un nuevo Presidente de la República del Perú se realizará el día domingo 5 de junio del 2016. ¿Fue una fecha elegida al azar? Creemos que no, lo que se quiere es “olvidar” todo lo que pasó en Bagua.

Hay que ser claros, 7 años después la indiferencia es total por todo lo ocurrido en Bagua. A nadie le interesa saber la verdad. Nunca se sancionó a los responsables políticos; el Poder Judicial hasta la fecha se niega a procesar a la ex Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, el Ministerio del Interior claudicó en continuar con la búsqueda de los restos del mayor PNP Felipe Bazán Soles.     

Es increíble que —siendo un caso tan emblemático para el Estado peruano en donde el mundo fue notificado con imágenes en vivo de la masacre que se ejecutó—, nuestros connacionales muestren una indiferencia absoluta por saber quiénes asesinaron a las 33 personas (entre policías, indígenas y mestizos); quiénes causaron lesiones leves, graves y muy graves a 200 personas; por qué 4 líderes indígenas aún viven en la clandestinidad a pesar de que se ha demostrado que no fueron los que dieron las órdenes para que se quiten la vida a los miembros de la policía nacional en el interior de la “Estación 6 de Petro-Perú”, por qué aún sigue preso un mestizo en el penal San Humberto de Bagua Grande a pesar de haberse demostrado que se auto-inculpó de ser la persona quien efectuó 8 disparos contra el mayor Bazán cuando lo cierto fue que el mayor Bazán bajó vivo de la “curva del diablo”; por qué aún no se ha iniciado el juicio oral contra los efectivos policiales vinculados a lesiones y muertes de 20 personas.     

Nos hemos vuelto tan indolentes ante el dolor ajeno y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas civiles del baguazo. Estas personas a las cuales el Estado ha abandonado indolentemente tienen que costear personalmente los gastos para curar sus heridas, principalmente causadas por disparos de arma de fuego. Muchos de esos casos denunciados como lesiones leves, hoy han sido archivados porque operó la prescripción; es decir, transcurrió el plazo para que el Poder Judicial pueda procesar y sancionar a los responsables y las familias puedan cobrar una reparación civil.     

Mientras tanto, el Poder Judicial de Amazonas recién esta por culminar el primer juicio oral de los 4 que se producirán por los sucesos de Bagua. En el mes de julio se dictará sentencia contra 52 acusados.

Acaso, no resulta inhumano que luego de 7 años de haber sido procesados los miembros de las comunidades indígenas, finalmente sean absueltos por el Poder Judicial. ¿Quién reparará ese daño sicológico, moral, social, económico?

Finalmente, este 5 de junio (1) elegiremos a un nuevo Presidente para nuestro país, extrañamente ninguno de los 2 candidatos tienen dentro de sus planes de gobierno o promesas políticas alguna acción concreta en favor de todas las personas involucradas de una u otra manera con los lamentables sucesos de Bagua.                

Así estamos, frente a un país que está más pendiente de lo que le sucede a cada uno de los integrantes de nuestra farándula local, y le es indiferente lo que sufren cada uno de nuestros hermanos indígenas quienes fueron asesinados, lesionados y procesados por el solo hecho de defender su territorio, sus tierras y sus aguas. Seguimos en un país extremadamente indolente.

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(1)Texto escrito antes de las elecciones de segunda vuelta en Perú. 

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Juan José Quispe es abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fuente: Servindi