ESTADO PERUANO USA PATRÓN PARA CRIMINALIZAR A DEFENSORES DE DDHH

Categoría: Minería, Conflictos

Cajamarca, el lunes 30 de abril 2018.
Redactado por: La República

Esquema. Denuncian hostigamientos, desalojos forzados, procesos judiciales infundados hasta perder la vida.

El Estado peruano tiene un patrón de uso indebido del sistema judicial para criminalizar la labor de defensores de derechos humanos que protegen el territorio y el medio ambiente, denunció Amnistía Internacional (AI) Sección Perú.

La organización identificó un esquema que vulnera los derechos de los defensores medioambientales que incluye la estigmatización, el desalojo forzado de comunidades y las denuncias judiciales.

Advirtió que tratan de deslegitimar la labor de los defensores a quienes se les califica de “enemigos del desarrollo”, “terroristas”, “criminales”, “turbas”, entre otro tipo de difamaciones.

Mostraron su preocupación por el uso arbitrario de normas para desalojar forzadamente a pueblos indígenas y comunidades campesinas o urbanas que se oponen a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales y que reclaman su derecho al territorio y al medioambiente.

La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro, explicó que las autoridades usan la figura de la defensa posesoria extrajudicial para desalojar a comunidades de sus tierras.

Indica que con frecuencia los defensores medioambietales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.

Emperatriz Bolaños, lideresa rondera de Sorochuco (Cajamarca) relató que ha sufrido hostigamiento, amenazas y fue procesada judicialmente por las protestas contra el proyecto minero Conga. Fue acusada, junto a otros 16 líderes, de secuestro agravado y coacción. En marzo del año pasado, en segunda instancia, el Poder Judicial declaró el caso infundado.

AI registró que en los últimos cuatro años, al menos 78 personas han perdido la vida por el uso indiscriminado de la fuerza para reprimir protestas. Demandó al Estado una política de protección de los derechos de los defensores.

Fuente: La República

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