50 muertos y 750 heridos en conflictos sociales en 5 años

En los últimos cinco años los conflictos sociales que han tenido como actores a las poblaciones locales, las empresas y el Estado, han dejado como saldo 50 muertos y 750 heridos. Así lo dio a conocer el abogado David Velazco Rondón en el marco de la presentación del 18º informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

Según el abogado, de la organización Fedepaz, por estos hechos no se encuentran procesos judiciales en curso. Esto pese a que en algunos casos se han presentado pruebas que demuestran que las muertes y lesiones han sido causadas, en su gran mayoría, por efectivos policiales. 

Velazco recalcó además, tal como lo señaló la Defensoría del Pueblo en su momento, que los conflictos, los que son de tipo socioambiental, tienen su origen principalmente en la actividad minera y que ante ello el gobierno de Ollanta Humala se ha caracterizado por criminalizar a aquellos que se oponen a dicha actividad o que, simplemente, salen a protestar. 

Durante el gobierno de Humala "se ha acentuado la criminalización de la protesta, y esto se ha expresado en tres situaciones de criminalización", explicó.  

Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una. 

Sobre el número de muertes Velazco señaló que "queda claro que a lo largo de este gobierno no se respetó la vida". 

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que "la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta".

Esto de modo tal que se halle responsabilidad en casos de "violación al derecho a la vida, a la integridad personal, como el asesinato o la tortura". 

David Velazco Rondón con la palabra, durante la presentación del informe el miércoles 13 de julio. Foto: Servindi

Algunos casos emblemáticos de impunidad

Durante la presentación del informe en Lima, Velazco revivió "dos casos emblemáticos de impunidad". El primero: el caso del líder ambientalista Marco Arana que el año 2012 fue uno de los que encabezó las protestas contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, en Cajamarca.

"Los actos de maltrato y de tortura (contra Arana por parte de policías) fueron televisados a la prensa nacional e internacional. Sin embargo, hace unos días la Fiscalía Superior ha decidido archivar la investigación por caso de tortura, al señalar que solo se debe de investigar por abuso de autoridad", alertó. 

"Cómo se van investigar por abuso de autoridad si está probado que Marco Arana sufrió la fractura del maxilar; también fue dañado en sus riñones y en otras partes", enfatizó. 

El segundo caso emblemático citado fue el de Antonio Coasaca, un poblador de Arequipa que participó el año pasado de las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú. 

Velazco precisó que a dicho poblador efectivos policiales le “sembraron” un arma punzocortante para inculparlo de violencia y así detenerlo. "Tampoco sabemos qué pasó con estos efectivos, entonces vemos que en realidad a lo largo de estos 5 años no ha habido ninguna voluntad del gobierno de solucionar la situación de criminalización de la protesta social", remarcó. 

En el caso una investigación administrativa que decidió que se trasladara a los efectivos de dependencia, pero de ahí no se sabe nada, era un delito por lo menos contra la administración de justicia por sembrar pruebas, finalizó el abogado. 

Cabe precisar que el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú lo conforman las organizaciones civiles Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz, y Grufides.

Fuente: Servindi