Ana María Vidal: No solo son los convenios secretos de la Policía

De Exitosa Noticias

El argumento del gobierno es que los convenios son legales. Claro que son legales, así como fue le­gal que la empresa le sacara la vuelta a los estudios de impacto am­biental y a las comunidades campesi­nas de Apurímac y cambiara de manera prepotente e inconsulta gran parte del proyecto Las Bambas. Fue legal, tam­bién, que impusieran una planta de molibdeno sin estudio alguno, bajo el absurdo argumento de ya había un es­tudio de impacto ambiental en Cusco (sí, en otro departamento); o que en vez de construir el ducto para transportar los minerales, usaran la carretera co­munal sin asfaltar y tengan a más casi 300 camiones circulando todos los días saturando de polvo las casas, las cha­cras, las gargantas y los pulmones de la población, de cientos de niñas y ni­ños. Todo esto es legal, la vulneración de los compromisos de la empresa, la contaminación de la población y la vio­lación de los derechos de la ciudadanía.

Y es que en el gobierno pasado, al igual que se dieron los llamados pa­quetazos ambientales para permitir los cambios inconsultos de los pro­yectos mineros, también se aproba­ron leyes que dieron el sustento para que la Policía termine trabajando para las mineras, descuidando o dejando de lado su rol primigenio constitucio­nal de prestar ayuda y protección a la ciudadanía. Fue en diciembre de 2012 que se aprobó el Decreto Legislativo 1149, Ley de la Policía Nacional del Perú, y esta norma con rango de ley legalizó el recurseo de la Policía al per­mitir que esta institución pueda gene­rar recursos a través “de la prestación de servicios extraordinarios comple­mentarios a la función policial”.

Así fue como, mientras nos metían el cuento de un gobierno organizador del evento ambiental internacional de la COP 21 (en un cuartel militar que luego comprobamos tuvo hornos en los que incineró clandestinamente a personas detenidas), a la par fueron gestando nor­mas que permitieron que la fuerza pú­blica matara a 55 peruanos en contex­tos de conflictos sociales ambientales. Fueron estas mismas normas, todo ese engranaje legal armado y cimentado por funcionarios que incluso ahora trabajan para las empresas mineras, las que han sido el marco propiciatorio para el ho­micidio calificado (o asesinato) del se­ñor Quintino Cereceda en Apurímac.

Estos convenios ilegales pero in­constitucionales deben ser deroga­dos, pero ahí no acaba el problema, existe toda un andamiaje legal que permite la violación de derechos de la ciudadanía, son las normas que per­miten estos convenios y los paqueta­zos ambientales las que deben tam­bién derogarse.