El Estado peruano fracasa persistentemente en el control de los impactos de la minería. 

En una reciente columna de opinión y ante la presentación de un proyecto de ley por parte del Congresista Amado Romero, que pretende simplificar el proceso de formalización minera derivando el cuello de botella que ha supuesto el paso 3 del IGAC a Ingemmet, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental resumía bastante bien el consenso público con el que se suele caracterizar a la minería ilegal.

“La minería ilegal representa un problema complejo para el país, no sólo por los impactos ambientales que genera (deforestación, pérdida de biodiversidad, emisiones de mercurio y contaminación), sino también por los problemas sociales (trata de personas, condiciones de trabajo deplorables, conflictos sociales, afectaciones a la salud y afectación a los usuarios del bosque) y económicos (mafias, evasión de impuestos) que deben ser asumidos en última instancia por todos los peruanos”.

Ahora bien, los consensos públicos no suelen estar informados por datos. Son discursos hegemónicos que pronto pasan a ser parte de un conjunto de creencias que no siempre resisten una confrontación rigurosa con la realidad. Lo que la SPDA le achaca a la minería ilegal podría perfectamente describir a la gran minería.

Pero vayamos punto por punto.

Paisajes lunares 

La minería informal y la minería ilegal han tenido como consecuencia una serie de impactos en el medio ambiente que pueden sintetizarse en dos grandes rubros: la transformación del paisaje y la contaminación. Es ciertamente impresionante contemplar las fotografías aéreas de los campamentos de la minería ilegal, ver un desierto de polvo, arcilla y arena en lugar de lo que antes había sido bosque amazónico. Esa transformación radical del paisaje, sin embargo, no es más impresionante que el cráter, paradójicamente cavado por una empresa llamada Volcan, en medio de la ciudad de Cerro de Pasco, o comparar el estado actual de la minería a tajo abierto que practica Yanacocha en Cajamarca, con las hermosas lagunas altoandinas que alguna vez existieron en ese mismo lugar.

Laguna de Conga, Cajamarca. Foto: Servindi

Tajo principal de Yanacocha, Cajamarca. Fuente: http://celendinpm.blogspot.pe

Metal en las venas 

Sigamos con las emisiones. En un reciente artículo  Guillermo Reaño citaba al Dr. Francisco Román Dañobeyta, premio nacional del Ambiente de 2015 por su trabajo en la remediación de las áreas degradadas por la minería, quien afirma que entre el 2001 y el 2013 se vertieron en Madre de Dios cuatrocientas toneladas de mercurio, es decir, casi cinco veces más que las vertidas en la bahía de Minamata, considerado como el peor desastre por vertido de mercurio en la historia de la humanidad. Si en Madre de Dios el desastre ambiental compite y supera largamente a lo sucedido en Minamata, La Oroya aparece en un ranking de las diez ciudades más contaminadas del mundo, junto a Chernóbil y Fukushima, donde ocurrieron sendos desastres nucleares

En Espinar, en el 2010, un estudio del CENSOPAS detectó niveles de concentración de plomo, mercurio, arsénico y cadmio en orina por encima de los límites máximos permitidos por la OMS, y un par de años después diversos niveles de exposición a metales tan raros como el uranio, el molibdeno, el cesio y otros diez más. Un reportaje de Convoca.pe para La República demuestra cómo, a diferencia de la publicidad que ha recibido la contaminación por mercurio en Madre de Dios, el Estado en Espinar se encargó de ocultar las pruebas de la afectación a la salud y hasta ahora, después de cinco años de realizados estos estudios, todavía es incapaz de determinar la fuente de la contaminación, aunque todos los indicios apunten a las actividades mineras de Tintaya–Antapaccay..

Conflictos sociales: trata de personas

No es la legalidad, la informalidad o la ilegalidad las que definen las consecuencias sociales de la minería. Según cifras del Observatorio de la Criminalidad, la Policía Nacional del Perú en el 2013  rescató a nivel nacional 803 víctimas de trata, 44 de las cuales en Madre de Dios, una región fuertemente asociada a la minería informal e ilegal. En un estudio que realicé el año pasado a lo largo de nueve meses en la Amazonía del Perú, encontré que en la ciudad de Huánuco la trata de personas ha proliferado junto con cientos de bares clandestinos, gracias al aumento de la demanda de servicios sexuales impulsada por trabajadores y obreros de grandes empresas mineras de Cerro de Pasco y Ancash, que viajan a Huánuco a pasar sus días libres y divertirse. Si bien la trata, sobre todo aquella con fines de explotación sexual, aparece comúnmente asociada a los campamentos de la minería ilegal y el narcotráfico, también aparece allí donde hayan grandes proyectos extractivos, vinculada antes que a economías informales o ilegales, a un patrón de ocupación del territorio: el campamento, propio de las industrias extractivas (formales, informales o ilegales por igual) donde por lo general sólo viven hombres.

Corrupción y fraude fiscal

La corrupción no es tampoco lo que distancia a la minería formal, informal o ilegal. Las mafias son a los lobbies, como el fraude fiscal es a la evasión y elusión tributaria.

En una entrevista que hice a Antonio Brack Egg en el 2014, el ex ministro del ambiente contó que Madre de Dios recibía anualmente por concepto de canon minero 40 mil dólares. Cuarenta mil dólares, cuando sólo uno de los operadores mineros de la región, Universal Metal Trading, en el 2010, había exportado a Suiza 19,2 toneladas de oro por un total de 900 millones de dólares.

Por el contrario, un estudio de la OCDE reunía 131 casos de corrupción en las industrias extractivas alrededor del mundo: 34 involucraban el otorgamiento de licencias de explotación para minería, gas y petróleo, 59 estaban vinculadas a la fase de extracción, 26 a la recolección de rentas, y en 49 de estos casos tenían que ver con pago de sobornos. Específicamente en el Perú, un estudio de Latindadd encontró que entre el 2013 y el 2014 Yanacocha reportó como perdidas las inversiones que nunca llegó a hacer en Conga. Casi mil millones de dólares fueron cargadas en sus cuentas como costos ficticios. Como consecuencia, la empresa reportó pérdidas y no pagó los impuestos que le correspondían por aquellos dos años. A este caso se sumarán aquellos  que irán saliendo con los Panamá Papers, investigación de la que también he participado: accionistas de empresas mineras y el uso de empresas offshore para operaciones encubiertas o elusión tributaria.

Relativizando la relativización 

Hasta aquí el articulo parece un ejercicio de relativización que desembocará triste pero inevitablemente en una conclusión: que si algo tienen en común las diversas formas de minería que se practican en el Perú, es que todas privatizan las ganancias y socializan las perdidas, mientras que entre las ganancias y las pérdidas no hay un Estado capaz de mediar entre la libre empresa y la salvaguarda de bienes comunes como la salud y del medio ambiente. Efectivamente, ése es uno de los caminos a los que conduce este razonamiento.

Pero no el único.

Existen tres grandes diferencias entre una y otras minerías.

La primera, es que la gran minería se organiza de forma corporativa, tiene una estructura jerárquica, mientras que la minería ilegal e informal se organiza en red, en pequeñas células vinculadas horizontalmente (de allí también que sea más eficiente para repartir los beneficios en las regiones donde opera). Esta diferencia es crucial, porque mientras la estructura de la primera la hace controlable, la organización en red de la segunda le permite asemejarse a una medusa: allí donde se corta una cabeza aparecen dos, de manera que el control del Estado sobre ella –por seguir con las alegorías griegas– torna en una tortuosa versión del mito de Sísifo: las interdicciones suponen un enorme esfuerzo para el Estado, y cuesta arriba con ese peso, es muy poco lo que ha podido avanzarse.

Sobre esta diferencia estructural se superpone la ley. La principal diferencia jurídica entre una minería y las otras estriba en el lado de la ley en el que caen. OEFA aplica multas a las grandes empresas mineras, muchas de las cuales, según otro reportaje de Convoca.pe, son impugnadas por estas compañías ante el Poder Judicial y dejan de pagarse, comportándose estas empresas como lo haría la minería ilegal; mientras que las leyes de formalización, antes que formalizar, forzaron a los mineros informales hacia la ilegalidad, en particular mediante las interdicciones. Tal vez el caso más emblemático de esto último fue la voladura de una planta piloto del Ministerio de Energía y Minas en Huepetuhe, durante una de las interdicciones conducidas por el entonces alto comisionado, Daniel Urresti, en abril de 2014.

Y así llegamos a la tercera distinción: que mientras el Estado tiene todas las herramientas para controlar eficientemente a la gran minería, es reacio a controlarla, y más bien pareciera ser que es la gran minería la que controla al Estado. Por el contrario, sí que existe una voluntad estatal de controlar y formalizar a la minería informal e ilegal, pero hasta el momento el Estado no ha encontrado las herramientas para hacerlo.

A lo que estas distinciones apuntan, por último, es a un Estado, débil ante las presiones económicas de la gran minería, y escaso de ideas para afrontar el problema de la minería informal e ilegal.

Perú necesita una institucionalidad mucho más sólida para poder ponerle coto a las minerías, y hacer que éstas trabajen en beneficio de toda la sociedad, y no al contrario.