Máxima resistencia ante la voracidad minera

Los abusos de la transnacional minera continúan pese a la renuencia de Máxima Acuña de vender su propiedad, ubicada en pleno corazón del proyecto Conga. A pesar de la gran cobertura mediática que ha tenido el caso, incluso a nivel internacional, el Gobierno no se pronuncia.

La familia Chaupe Acuña adquirió en 1994 terrenos del predio llamado Tragadero Grande, en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, a tres horas de la ciudad de Cajamarca. En el 2011, personal de la empresa minera Yanacocha, acompañados por policías antidisturbios, irrumpieron en su terreno. La empresa argumenta que la comunidad de Sorochuco le vendió los terrenos. Ese día comenzó la pesadilla.

No es difícil encontrar fotos o videos de los abusos cometidos contra Máxima Acuña y su familia en estos cinco años. Les destruyeron su casa, sus cultivos, mataron sus animales, y un sinfín de golpes que recibieron por parte de los uniformados que supuestamente están para proteger a la ciudadanía. Todo motivado por el oro que hay debajo de la hermosa laguna Azul que colinda con su chacra.

En el 2012, la población de Cajamarca se rebeló contra el proyecto minero Conga, impulsado por Yanacocha, empresa con sede en Estados Unidos. La predecible respuesta del Gobierno fue violencia y balas policiales, lo que terminó con cinco civiles muertos, por lo que el proyecto quedo suspendido pero no cancelado. Desde luego, es una huella imborrable en el recuerdo de los cajamarquinos, que no dudarán en salir de nuevo a protestar si Yanacocha intenta ejecutar nuevamente el proyecto.

Al margen del conflicto, el acoso a Máxima no se detuvo. Ni siquiera a pesar que en diciembre del 2014 un juez la absolvió de la denuncia que Yanacocha le interpuso por apropiación ilícita de terreno. Con esto se anuló la sentencia que anteriormente otro juez había dictado contra la campesina por dos años y ocho meses de cárcel y un pago de cinco mil quinientos soles a la minera, por los mismos cargos.

Las recientes noticias de la instalación de cámaras de seguridad en la cerca que Yanacocha ha levantado en el perímetro de las tierras de Máxima, así como el robo de sus cosechas de papa con las que humildemente alimenta a su familia y la violencia contra sus animales por parte del personal de la empresa minera ha levantado la indignación de la opinión pública tanto en el Perú como en el extranjero.

Fotos de Jai G. y Alan B.

Es por esto que cientos de jóvenes se apersonaron este miércoles a las oficinas de la minera en Lima, para alzar su voz de protesta contra la matonería extractivista, que ha intentado imponer sus intereses por encima de la legalidad y lo moralmente aceptable y la complicidad del Gobierno, que ha permitido que sus funcionarios, los policías, sean usados por una empresa privada que ha vulnerado los derechos de una ciudadana y que además, pondría en peligro un patrimonio natural del país.

“La denuncia que queremos hacer es porque se está afectando también la vida y la salud de la familia de Máxima, con esta persecución irracional, queriendo intimidarlos. Eliminan su alimentación, persiguen a su hijo Daniel para quitarle el celular y no los pueda grabar. El gobierno en todo este  tiempo ha flexibilizado toda la normativa ambiental y ha eliminado la garantía de la tierra de las comunidades. Lo único que se está logrando es generar más conflictividad social y ahondar este modelo económico que no lleva a nada. Lo esencial es que los recursos beneficien a todos los peruanos y especialmente a los que viven en las zonas donde se realizan las actividades extractivas” comenta Javier Yancke, ambientalista de la Red Muqui, uno de los colectivos que convocó a la protesta.

Máxima Acuña, símbolo de la resistencia frente a la prepotencia del capital. Tal vez será una campesina humilde, de repente no podrá hacer mucho contra los esbirros enviados por la empresa y por el gobierno para amedrentarla, pero ni todo el oro de Cajamarca podrán comprar nunca la determinación por la que el mundo la admira.

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