Perú lucha contra la minería ilegal del oro

La policía destruye maquinaria y rescata a trabajadoras sexuales, pero el problema persiste desde hace años

JACQUELINE FOWKS

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La policía peruana ha destruido entre el lunes y el martes decenas de campamentos y maquinaria para la extracción ilegal de oro en la selva sur del país. Después de ocho meses sin estas operaciones contra la minería, el Gobierno ha vuelto a la Reserva Nacional Tambopata con 900 policías, que se incautaron 87 motores y 105 tolvas y recipientes de insumos químicos. También rescataron a 32 trabajadoras sexuales de los prostibares de La Pampa. Las intervenciones de la policía, que se repiten desde 2010, han reducido el volumen de producción ilegal de oro, que antes representaba el diez por ciento del suministro nacional. Pero no han logrado que disminuyan las excavaciones ni la trata de personas.

“Los mineros se van un poco más allá, a zonas donde solo se entra con motocicleta”, afirma el director de un albergue que acoge a los menores que son víctimas de la trata. El comisionado contra la minería ilegal, Antonio Fernández, un militar en retiro, indicó a Reuters que en el resto del año se harán otras seis operaciones. “Tenemos que seguir regresando aquí hasta que estos criminales entiendan que lo que hacen es ilegal”, agregó.

“Los operativos de esta naturaleza no van a surtir ningún efecto”, subrayó por teléfono Óscar Guadalupe, director de Asociación Huarayo, una organización ambientalista y defensora de derechos humanos en Madre de Dios. La institución ha sido testigo de los abusos relacionados con la minería ilegal desde 1997, época en que empezó a ayudar a los menores que llegaban al lugar como mineros que finalmente no recibían sus sueldos y quedaban abandonados.

“Ninguna de las mujeres prostituidas que fueron rescatadas esta semana está aquí. En la región Madre de Dios no hay espacios adecuados para que sean acogidas. Las mujeres adultas son más vulnerables, pues la mayoría no son de este lugar”, asegura Ana Hurtado, miembro y fundadora de la Asociación Huarayo. “No hay un protocolo único para quienes han sido supuestas víctimas de trata. En una comisaría están el tratante y la afectada juntos en una oficina pequeñita con una sola silla. Eso facilita la revictimización de quienes son rescatadas en estos operativos”, detalla Hurtado. “La próxima semana empieza a ejecutarse un convenio con el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables para intentar remediar esta situación”, agrega.

La corrupción

La policía prendió fuego a unos 50 campamentos mineros en La Pampa, y detuvo a seis sospechosos del delito de trata, pero los mineros ya habían escapado del lugar cuando comenzó la intervención, informa Reuters.

El director de Huarayo indica que la corrupción es el factor que impide luchar de manera más efectiva contra la minería ilegal y la trata asociada a esta. “Hay sobornos para pasar el combustible a los campamentos mineros y hay permisividad. ¿Por qué no se sanciona la trata? La ley es bastante dura: condena a ocho años de prisión, pero no hay nadie sentenciado a ocho años”, reclama.

Guadalupe describe que la mayoría de jóvenes que son víctimas de trata en Madre de Dios proceden de los departamentos de la sierra (Puno y Cusco). “En el trayecto desde localidades tan apartadas, que son el lugar de origen de las víctimas, hasta llegar a Madre de Dios, hay una serie de controles, pero se permite que los menores pasen. La policía tiene que estar en condición de indagar cuándo se transportan y con quién están viajando”, añade.

El albergue, ubicado en el poblado de Mazuko, recibe cada año a 70 víctimas de trata, según el director. Los menores cuentan con dolor que sus padres no tienen dinero para viajar a recogerlos desde las zonas altoandinas, afirma Guadalupe.