JUZGADO ABSUELVE A LOS DEFENSORES DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN DE HUABAL JAÉN CAJAMARCA CONTRA ACTOS DE CRIMINALIZACIÓN POR MOTIVO DE ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES

Jueves 03 de diciembre 2020
Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, Abog. Coordinador de la “Red legal de “Abogadxs y Activistas del Norte”

1. Antecedente

En una sentencia que importa a todas las comunidades campesinas y nativas de nuestro país, frente a las intenciones de ciertos particulares que pretenden -acaparar tierras adjudicadas a las comunidades- contra sus derechos colectivos, los defensores de de la Comunidad de San Ramón de Huabal en la localidad de Jaén-Cajamarca, el día de hoy 03-11-20, resultaron absueltos del delito de usurpación por el que se los acusaba.

Los comuneros, habrían sido Criminalizados tras falsas denuncias que los acusaban de cometer un delito de usurpación, por el solo hecho de trabajar en un proyecto de construcción Municipal que estaba destinado para la “Casita Comunal” de los vecinos de esta población, cuyo predio y obra pública les habría sido donado por parte de la Municipalidad local, que previamente habría comprado el referido inmueble, tal como se aprecia en la Resolución de Alcaldía N° 26 – 2005 – MDH/A Huabal, de fecha 21 de noviembre de 2005 y las actas comunales de aquella época.

El problema aparece, tal como se expresan los testimonios vertidos por el ex alcalde de la municipalidad local y uno de los ex regidores en este juicio y que surge además de las actas de sesión de consejo municipal del 2006 (obrantes en el Expte. N° 36- 2007), que el 19 de noviembre de 2006 la municipalidad es víctima de actos vandálicos puesto que, en ellos, incendiaron el local, y con ello se destruyen documentos y enceres, que eran de suma importancia para proteger la seguridad de este proyecto público destinado a la construcción de la casita comunal para la población de San Ramón en Huabal, cuyo informe técnico para su viabilidad, tenía aprobación desde el 2007.

Luego, con esta perdida de los documentos municipales que se ocasionó por actos vandálicos, puede que, en un interés de acaparar tierras adjudicadas a las comunidades, se haya se pretendido desconocer actos administrativos de donación y obra pública proyectados por el Estado en favor de la comunidad de San Ramón de Huabal, intentándose revender un predio, ya entregado en venta al ente municipal, situación no penal, pero sí, de carácter civil, que debe resolverse en el fuero correspondiente, que como bien dijo el juzgado en este caso, no le corresponde a un juez penal, ya que el delito de usurpación es un ilícito que protege la posesión previa de la víctima, lo que tampoco ha podido demostrarse en este juicio.

2. Que sucedió en juicio

Durante la fase probatoria, el segundo juzgado unipersonal de la provincia de Jaén en el EXP: 70-2019-55-1703-JR-PE-02 advirtió tal como se manifiesta en el adelanto de fallo emitido el día de la fecha, que el Ministerio Público ofreció una imputación genérica e infundada, que no permite comprender el rol desplegado por cada uno de los imputados, sosteniendo su acusación, sobre la base de dichos vertidos por testigos no presenciales. Con ello, también se dice en este fallo, que la posesión previa que es el presupuesto de persecución de este delito, tampoco ha sido acreditada por quien tiene la carga de la prueba, que en un proceso con garantías es el representante del ministerio público.

La defensa legal del caso, habría sido asumida por el área legal del GRUFIDES el año pasado, a pedido de esta comunidad en noviembre de 2019, el trabajo en este juicio estuvo a cargo del abogado defensor de derechos humanos Pablo Ricardo Abdo, originalmente asumido por la Abogada Mirtha Vásquez que, por motivo de su desempeño en el congreso de la república, ya no pudo seguir trabajando en el área legal de nuestra institución.

3. Que opina la población de la comunidad de San Ramón de Huabal

La población de San Ramón de Huabal, agradece al Grufides el resultado de este caso, ya que se trata de un proceso de dos años que se iniciado en el año 2018, del que no solo salieron perjudicados los defensores y sus familias por esta persecución injusta, sino que además la comunidad, hoy necesita que la municipalidad sanee la situación de este predio, a fin de que el proyecto de su casita comunal pueda terminarse.