Justicia rápida, impunidad asegurada

Categoría: Derechos humanos, Medio ambiente, Minería, Hidroeléctricas, Normatividad, Política, Conflictos

Por Noticias SER:

Si el asesinato del dirigente cajamarquino Hitler Rojas generó gran consternación, la posterior sentencia de seis años de prisión a quien cometió el crimen debería provocar una ola de indignación ciudadana frente a un Poder del Estado, que lo último que hace es cumplir con su principal tarea: impartir justicia.

Los hechos son de conocimiento público. Rojas murió de ocho balazos, luego Alejandro Rodríguez se entregó a la justicia, confesó el crimen y consiguió una sentencia cuestionable tratándose de un asesinato. La razón: Alegar defensa propia. El problema es que no existen medios probatorios, salvo la declaración del homicida, quien probablemente salga de prisión mucho antes de cumplir su condena, dados los beneficios penitenciarios.

Justicia rápida e impunidad asegurada pareciera ser el nuevo lema del Poder Judicial, institución que no muestra la misma diligencia ante las muchas denuncias que dirigentes y lideresas sociales tienen por su participación en manifestaciones y protestas, en especial en las organizadas en contra de actividades extractivas o megaproyectos. En esos casos, los procesos se dilatan y los tiempos se duplican con la complicidad de algunas empresas que usan las denuncias a fin de neutralizar a quienes rechazan sus proyectos.

La razón para remarcar el asesinato de Hitler Rojas, dirigente que se oponía a la construcción de la central hidroeléctrica Chadin II, es que no es el único de este tipo. Líderes y lideresas sociales o autoridades locales han muerto en situaciones que jamás se han aclarado, pero que por extraña coincidencia se han dado en zonas de alta conflictividad social. El último caso, por ejemplo, es el del asesinato de tres ronderos del distrito de San Pablo en Cajamarca ocurrido hace una semana.

En Noticias SER expresamos nuestro rechazo a la sentencia de seis años contra el asesino del dirigente celendino Hitler Rojas, quien luchaba por defender los derechos de su pueblo a un medio ambiente sano. Esperamos que la apelación que realizará su familia permita que el Poder Judicial corrija el grave error cometido y exigimos que se investigue también el reciente asesinato de los tres ronderos de San Pablo, y otros crímenes contra líderes sociales y autoridades locales que siguen impunes. 

 

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