CIDH pidió al Estado no criminalizar protesta por contaminación en Espinar

Categoría: Derechos humanos, Medio ambiente, Minería, Normatividad, Política, Conflictos
Escribe Elizabeth Prado
 
Después de escuchar las denuncias por falta de atención especializada para los comuneros cusqueños de Alto Huancané y Huisa, contaminados con 10 metales pesados desde el año 2010, y conocer la detención de tres campesinos, además de la denuncia penal contra el abogado Juan Carlos  Ruiz y el médico Fernando Osores, el comisionado  Enrique Gil  solicitó al representante del Estado peruano, Luis Huerta, que no se criminalice la protesta ni se penalice a los que defienden a las víctimas.
En igual sentido se pronunció la comisionada Esmeralda Arosemena. "Hay que dar a las comunidades, a través de sus representantes, un ambiente de acercamiento y no una actitud de criminalización porque eso rompe los espacios de acercamiento", recomendó.
 
La voz de Melchora
En dramática intervención la comunera Melchora Surco relató cómo era su vida en su comunidad hace treinta años y cómo es ahora. Dijo que después de conocer que están contaminados con metales pesados se sienten como animales con gusanos. Se quebró al recordar que su pequeño nieto afirma ser muy rico porque tiene muchos metales en su cuerpo y que con eso le comprará lo que ella quiera.
Por el Estado respondió el procurador público Luis Huerta. Indicó que el Estado reconoce la contaminación en Huisa y Alto Huancané y que para atenderlo creó una mesa de diálogo y un plan de salud en el año 2015.
Refirió que el programa incluye atención médica especializada, seguimiento a los afectados, evaluación de calidad del agua y acceso al Sistema Integral de Salud. Melchora Surco refutó: llegaron médicos, pero ninguno especializado en metales pesados.
 
Claves
Estudio. Luis Huerta indicó que el Estado ha invertido un millón de soles para determinar la causa de la contaminación. Los resultados se conocerán en el año 2017.
Urgencia. Esmeralda Arosemena dijo que la vida humana no podía esperar tanto tiempo. Demandó al Estado un plan específico para atender a las víctimas.
Pena. Huerta manifestó a la CIDH que la empresa minera de la zona fue multada dos veces por faltas no vinculadas a la salud de los comuneros.
 
 

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