La empresa minera que esta semana estuvo en el ojo de la tormenta tiene en total más de US$ 10 millones de dólares por infracciones ambientales. A eso se le suma el haberse declarado insolvente y el reclamo laboral de sus trabajadores.
Funcionarios del Ejecutivo, autoridades locales y representantes de los trabajadores de Doe Run se reunieron esta mañana para buscar una solución al conflicto social.
Monseñor Pedro Barreto, indicó que el 4 de julio pasado dirigió un comunicado a diversas autoridades advirtiendo que las protestas de los trabajadores de La Oroya se intensificarían.